56 VECES EL GOBIERNO ELIGIÓ A LOS AGRESORES

Entre marzo y septiembre, el Ministerio de Justicia rebajó la condena a 56 personas sentenciadas por abuso sexual y violación de menores. Rechazó solo una solicitud. El gobierno que prometió mano dura le falló a la infancia donde más duele.

Hay cifras que no admiten matices. Entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de este año, el Ministerio de Justicia dictó 56 decretos que rebajaron la condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes: 27 por abuso sexual y 29 por violación. En ese mismo período rechazó una sola solicitud. Una.

Ninguna de esas rebajas fue ordenada por un tribunal. Las solicitudes llegaron al ministerio, y el ministerio las acogió.

Lo más grave es que esto no debería ocurrir. En 2022, después de años de debate, el Congreso aprobó la Ley 21.421, que excluyó expresamente de este beneficio a quienes cometen delitos sexuales contra menores de edad. Fue una ley transversal, nacida de una convicción simple: quien abusa de un niño debe cumplir su condena completa. El propio gobierno de la época la justificó con un argumento que hoy resuena con fuerza: los abusadores, una vez en la cárcel, suelen tener “buena conducta”, precisamente el requisito que les abre la puerta a la rebaja.

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, ha respondido que el Ejecutivo solo da cumplimiento a criterios de la Corte Suprema y que “el gobierno no comenta los fallos judiciales”. Pero no estamos hablando de fallos. Estamos hablando de decretos firmados por su ministerio. Y si existía una duda jurídica sobre si la prohibición de 2022 alcanzaba a causas anteriores, una duda que, según se ha informado, existe incluso dentro del propio gobierno, la pregunta es inevitable: ¿por qué, ante la duda, se resolvió 55 veces a favor del condenado y no del niño?

Proteger a la infancia es, precisamente, decidir de qué lado se está cuando la ley deja espacio a la interpretación. Y este gobierno ya decidió.

La contradicción es brutal. El 31 de agosto, el Presidente Kast presentó con solemnidad el plan “Chile Cuida a los Niños”, orientado a prevenir vulneraciones y combatir la explotación sexual infantil. Mientras se anunciaba ese plan, su Ministerio de Justicia seguía firmando rebajas de condena para abusadores y violadores de niños. El sector político que hizo de la seguridad su bandera y del “con mis niños no te metas” su consigna terminó siendo indulgente justo con quienes más daño les han hecho.

Aquí me detengo y pienso en las familias de esas víctimas. En lo que les costó denunciar, sostener un juicio durante años, revivir lo peor frente a fiscales y jueces, y finalmente obtener una condena. Y lo que significa enterarse por la prensa de que el Estado decidió acortarla, como si su dolor no contara. Eso tiene un nombre: revictimización. Es dejarlo otra vez sola, y más expuesta, a una niña, un niño o un adolescente que ya fue dañado profundamente una vez. Para una víctima, cada día menos de condena no es un trámite administrativo: es un mensaje de que su dolor vale menos que la conducta carcelaria de su agresor.

Esto no ocurre en el vacío. Es el mismo gobierno que, en el proyecto de Presupuesto 2027, elimina las Becas TIC; que reduce los recursos de gratuidad, de Junaeb y de las becas de asistencia estudiantil; que recorta casi a la mitad los Liceos Bicentenario. Todo, mientras promete que los beneficios sociales no se tocarán. Hay un patrón, y ese patrón dice que la infancia no es prioridad. Ni su presente, ni su futuro, ni su protección.

Exigir explicaciones no es un gesto político, es una obligación democrática. El Congreso debe conocer cada uno de esos 56 decretos, sus fundamentos y quién los firmó. Y debe cerrar sin ambigüedades cualquier resquicio que permita que esto se repita. Pero, sobre todo, el gobierno debe responder una pregunta que ninguna doctrina jurídica puede esquivar: cuando tuvo que elegir entre los agresores y los niños, ¿por qué eligió a los agresores?

La infancia no puede seguir siendo la primera en la fila de los recortes ni la última en la fila de la justicia.

Claudia Barahona Chang es publicista e integrante del Programa de Género del Instituto Igualdad.