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De las granjas de bots de Cerimedo al riesgo de un panóptico digital en Chile
Un femicidio frustrado en Bolivia destapó una granja de bots. El rastro lleva al Segundo Piso de La Moneda —y a una ley que promete protegerte pidiéndote la identidad para entrar a internet.
Hay una noticia a la que los medios tradicionales en Chile le han dado poca cobertura, pero vale la pena conocerla, porque destapa una estrategia doble: manipular la opinión pública primero, y allanar el camino a un modelo de control totalitario después.
El 17 de agosto, en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz, la policía boliviana detuvo a Fernando Cerimedo cuando intentaba abordar un vuelo a Buenos Aires. Cerimedo venía con currículum: había sido el estratega digital de Javier Milei, el asesor de Jair Bolsonaro y el hombre que puso su maquinaria de desinformación al servicio del presidente boliviano Rodrigo Paz.
La imputación que pesaba sobre él, sin embargo, no tenía nada de político: feminicidio frustrado. Su expareja, la abogada Nadia Beller, había recibido tres disparos afuera de un hotel. Sobrevivió haciéndose la muerta en el suelo. Desde la clínica, señaló a Cerimedo como el autor intelectual.
Lo que sigue es el intento de tirar del hilo que conecta ese crimen en Bolivia con una trampa que se está armando en Chile.
Porque lo que vino después del arresto fue, en algún sentido, más revelador que el crimen mismo. La Fiscalía allanó su domicilio en La Paz y encontró más de medio millón de bolivianos en efectivo, euros, y lo que el fiscal describió como una “mini granja de bots”: servidores, decenas de teléfonos interconectados, software de automatización.
También aparecieron chats donde Cerimedo coordinaba el ataque con un contacto registrado como “E C G”. Medios bolivianos reportaron que entre los mensajes hay una nota atribuida a él que, de confirmarse en la pericia, mostraría premeditación.¹
Acá viene el dato que casi nadie subrayó. Horas después de la detención, en Chile, las cuentas troll más agresivas que habían hostigado a las candidatas presidenciales Evelyn Matthei y Jeannette Jara se apagaron. Perfiles como Neuroc, Dress y toda su subred pasaron a privado o borraron su contenido en cuestión de minutos. Se apagaron casi en el mismo momento en que caía Cerimedo. Y en este oficio, las coincidencias tan perfectas rara vez lo son.²
Esa sincronía es la huella de algo que conviene entender bien: la guerra digital no la libran voluntarios espontáneos e indignados con el país. La libra infraestructura, comprada y mantenida por alguien.
Cerimedo no inventó el modelo. Lo compró. Su agencia, Numen, era la licenciataria exclusiva en América Latina de Campaign Nucleus, el software creado por Brad Parscale, el arquitecto digital de las campañas de Donald Trump. Ese mismo ecosistema conecta a los operadores de la derecha dura en todo el continente: Milei en Argentina, Bolsonaro en Brasil, Paz en Bolivia, Kast en Chile.³
No hay para qué imaginar una conspiración. Alcanza con un negocio: el cliente paga, la máquina miente, el adversario cae.
En una lectura geopolítica que comparten analistas del soberanismo, el gobierno de Lula en Brasil aparece hoy como el principal contrapeso al alineamiento atlantista que han ido consolidando Milei, Kast y Paz. El resto del continente ha ido cayendo en esa órbita —incluidos gobiernos que se autodenominan progresistas pero han terminado alineándose con el sionismo, como el caso venezolano.⁴ Cerimedo fue el pegamento digital de ese realineamiento. Su detención no lo frena; simplemente lo deja a la vista.
En Chile, esta máquina se probó primero en el plebiscito constitucional de 2022.
Según la investigación de CIPER, Cerimedo fue contratado por Casa Común, un centro de coordinación que agrupaba a empresarios y operadores políticos alineados con la opción Rechazo. Su filial local, Numen SpA, se constituyó en abril de ese año, inscrita por el abogado Enrique García Arancibia.⁵ La misma investigación documentó que las encuestas que produjo Numen para Casa Común mostraban resultados imposibles —proyectaban escenarios con 100% de participación en un sistema de voto voluntario— y aun así terminaron en portadas de El Mercurio. Un medio centenario validando datos que salían de una granja de trolls.⁶ Años después, Cerimedo lo admitió sin ningún pudor: en entrevistas contó cómo había usado trolls y saturación algorítmica para influir en la psicología de los votantes, y lo justificó como un esfuerzo cívico por “informar”.⁷
El método, en el fondo, es simple aunque técnicamente sofisticado. Primero se microsegmenta a la población, identificando miedos y sesgos específicos. Después se inunda el espacio digital con mensajes que gatillan emociones primarias —ira, miedo, asco moral— hasta que la mentira empieza a sonar como sentido común. Medios satélites, como La Derecha Diario (fundado por Cerimedo y operado por su esposa), le dan un barniz de legitimidad periodística al engaño. Y cuando los bots logran instalar el tema como tendencia, hasta los medios tradicionales terminan obligados a comentarlo. Ahí se cierra el círculo: la mentira ya forma parte del debate público.⁸
Y esto no quedó en el terreno de lo abstracto. Durante la campaña presidencial, la cuenta Neuroc —operada por Ricardo Inaiman Barrios, contador con antecedentes por violencia intrafamiliar— difundió sistemáticamente que Evelyn Matthei tenía Alzheimer. No había ninguna evidencia. No importó: la mentira circuló, fue replicada y llegó a votantes indecisos. Cuando la investigación periodística expuso a Neuroc, su operador reconoció en chats privados mantener comunicación fluida con el community manager del equipo oficial de Kast.⁹
Otra cuenta, Patito Verde, pertenecía a Patricio Góngora, periodista y exdirector de Canal 13, que coordinaba desde arriba lo que los perfiles de menor peso ejecutaban en el barro digital, y renunció apenas fue expuesto.¹⁰
Un tercer perfil, Chris Chile, operaba desde el Servicio de Salud de Antofagasta: un funcionario público, pagado con fondos del Estado, que generaba montajes y difamaciones en horario laboral, con un sueldo superior a los 3,2 millones de pesos mensuales.¹¹
Nada de esto fue un grupo de simpatizantes espontáneos. Evidentemente fue una cadena de mando, con centro de operaciones en Bolivia.
Y los operadores de Casa Común que contrataron a Cerimedo hoy ocupan el Segundo Piso de La Moneda. Felipe “Yeti” Costabal, el creativo que hizo de nexo con Numen, dirige hoy la Secretaría de Comunicaciones del gobierno de Kast.
Alejandro Irarrázaval, coordinador político de esos esfuerzos de desinformación, es hoy jefe de asesores del Segundo Piso, el círculo más cercano al Presidente.
Ignacio Dülger, articulador de redes empresariales en esa campaña, dirige hoy Acción Republicana.¹² El mismo equipo que usó la mentira para ganar administra hoy el Estado.
Y el Estado, como era previsible, ya encontró una solución al caos digital que ellos mismos ayudaron a crear.
El gobierno de Kast impulsa un proyecto de ley que exige el uso obligatorio de la ClaveÚnica —el sistema de identificación biométrica del Estado chileno— para acceder a redes sociales. Lo justifican oficialmente como protección a la infancia y combate a los bots.¹³ Y ahí está la paradoja incómoda: los mismos que fabricaron el caos digital ahora ofrecen la vigilancia como cura.
El anonimato es, para muchos, la única protección real que existe: para el disidente, para quien denuncia corrupción, para el periodista que investiga en zonas cooptadas por el crimen organizado.
Vincular el RUT a cada comentario, cada “me gusta”, cada búsqueda, le da al Estado un registro granular de la afiliación política, la salud y la red de contactos de cada persona.
Y para que ese sistema funcione, el Estado tendría que entregarle a las tecnológicas —Meta, X, TikTok— acceso directo a sus bases de datos de identidad civil, o contratar a empresas como Palantir para intermediar.
Palantir, la corporación fundada por Peter Thiel, es contratista de la CIA, el Pentágono y los servicios de inteligencia de Israel. Thiel ha escrito, sin rodeos, que la democracia y la libertad económica son incompatibles, y que el poder debería quitársele a las masas y entregárselo a ingenieros de software. Sus sistemas de vigilancia predictiva se probaron en Gaza.¹⁴
Detrás de la retórica de proteger a los niños viene otra cosa: un Estado que depende de Silicon Valley para saber quién eres, y una ciudadanía que empieza a tratar cada opinión distinta como sospecha. Eso no es una solución. Es un panóptico: no hace falta que te vigilen todo el tiempo, basta con que nunca sepas si te están vigilando para que empieces a autocensurarte.
En Buenos Aires, un grupo de activistas se disfrazó de Gandalf y marchó frente a la casa de Peter Thiel con un cartel: “You shall not pass”.
Detrás del disfraz hay un gesto político: la negativa a dejar que el tecnofeudalismo cruce la frontera hacia el sur. Y hay algo más filoso todavía: Palantir, la empresa de Thiel, toma su nombre de las piedras videntes de la saga —los objetos que Sauron usa para vigilar y corromper a distancia—. Tolkien escribió esa historia como una advertencia contra el poder absoluto y la vigilancia total; Gandalf es, literalmente, quien se opone a eso. Los activistas no eligieron el disfraz al azar: le devolvieron a Thiel su propia mitología, puesta del lado contrario al que él la usa.
Porque de eso se trata, al final. No de resignarse a elegir entre el caos de los bots o la vigilancia total del Estado —esas no son las únicas dos opciones, aunque el gobierno las presente así.
El soberanismo chileno apunta a recuperar lo que nunca debió entregarse: la capacidad de pensar sin algoritmo, de organizarse sin vigilancia, de decidir sin que una granja de bots prediga el voto. Y eso, en la práctica, es lo opuesto al tecnofeudalismo: en vez de servidores ajenos, servidores propios; en vez de un mercado capturado por un puñado de señores digitales, regulación antimonopolio real; en vez de siervos de la pantalla, una ciudadanía que aprenda cuándo apagarla y volver a la plaza.
Los hobbits nunca fueron los más poderosos de la Tierra Media. Fueron los que no se dejaron seducir por el poder que corrompió a todos los demás. El Roto chileno tiene ese mismo instinto: desconfía de quien pide el RUT para "cuidarlo" después de haberle mentido para ganar. La pregunta es si elegiremos el camino de los hobbits y pondremos resistencia para sanear nuestra comarca.
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