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En el mes de la Psicopedagogía, el autor analiza la contradicción entre el reconocimiento formal de esta profesión y la falta de condiciones laborales
El artículo examina la precaria situación laboral de los psicopedagogos en Chile, pese al reconocimiento de sus funciones dentro del sistema escolar. A partir de cifras de empleabilidad y formación profesional, plantea soluciones para asegurar su continuidad y aporte a la inclusión educativa.
Psicopedagogía: reconocida, pero sin
un lugar en las escuelas
Por Miguel Ángel Rojas Pizarro
Psicólogo – Profesor de Historia – Psicopedagogo.
@soy_profe_feliz – [email protected]
No se puede
tapar el sol con un dedo. Todos conocemos a un niño que se esfuerza, pero no
logra aprender al ritmo de sus compañeros. Detrás de esa dificultad puede haber
problemas de atención, memoria, lectura, escritura o confianza. Allí la
Psicopedagogía cumple una labor indispensable: comprender qué ocurre y ayudar
al estudiante a reencontrarse con el aprendizaje. Esa tarea no solo mejora
calificaciones: también puede evitar frustración, ausentismo y años de fracaso
que terminan marcando la vida escolar completa. Sin embargo, Chile lleva años
formando psicopedagogos sin asegurarles un espacio laboral claro, estable y
financiado en las escuelas.
Cada 17 de septiembre se
conmemora el Día de la Psicopedagogía. Es una fecha para valorar su aporte,
pero también para hacerse una pregunta incómoda: ¿qué futuro tiene una
profesión que el sistema reconoce, aunque rara vez garantiza su contratación?
Celebrarla mientras evitamos hablar de precariedad, superposición de funciones
y falta de puestos estables sería quedarnos en los saludos. Reconocer una
profesión también significa permitir que sus titulados puedan ejercerla
dignamente.
Durante 2025, el Ministerio de
Educación emitió los oficios N.º 2476 y N.º 2841, que aclararon la
participación de los psicopedagogos en establecimientos con Programa de
Integración Escolar. El avance es importante. Estos profesionales pueden
participar en evaluaciones, elaborar informes, diseñar apoyos, realizar
intervenciones psicopedagógicas y trabajar con docentes, especialistas y
familias, dentro o fuera del aula.
Pero una función reconocida no
equivale a un puesto de trabajo. Un oficio puede decir qué está autorizado a
hacer un psicopedagogo, pero no obliga a los sostenedores a contratarlo, no
entrega recursos adicionales y tampoco resuelve la superposición con algunas
labores de las educadoras diferenciales.
Esa es la contradicción central.
Cuando el presupuesto es limitado, una escuela debe elegir. Si una educadora
diferencial puede ejercer docencia, colaborar con profesores, apoyar
evaluaciones y desarrollar intervenciones pedagógicas, resulta previsible que
sea priorizada. No porque el psicopedagogo sea innecesario, sino porque el
sistema entrega más atribuciones al título docente. La responsabilidad no es de
las educadoras diferenciales, quienes también enfrentan una enorme sobrecarga.
Enfrentar a ambas profesiones sería equivocar el diagnóstico.
Las cifras muestran la magnitud
del problema. Para la admisión 2026, Psicopedagogía se ofrece en 12
instituciones que reúnen 102 programas entre sedes, jornadas y modalidades. En
2025 había cerca de 10.806 estudiantes matriculados y en la cohorte 2024 se
titularon 1.579 profesionales. Es decir, cada año podrían ingresar al mercado
entre 1.500 y 1.700 nuevos psicopedagogos.
La comparación con Educación
Diferencial es reveladora. Según Mi Futuro, Psicopedagogía registra cerca de un
59% de empleabilidad al primer año y 65% al segundo, mientras Educación
Diferencial se aproxima al 92%. También existe una brecha de ingresos. Las
profesoras diferenciales, además, pueden acceder a la Carrera Docente,
asignaciones, bienios y una trayectoria regulada. El psicopedagogo suele ser
contratado como remplazante, asistente, de la educación y su continuidad
depende de las decisiones del sostenedor y de recursos como PIE o SEP.
Sus campos se relacionan, pero no
son idénticos. La educadora diferencial se forma para enseñar, diversificar el
currículum, realizar adecuaciones y eliminar barreras. El psicopedagogo
profundiza en atención, memoria, autorregulación, funciones ejecutivas,
lectura, escritura, razonamiento matemático, motivación y autoconcepto. Cuando
una sola profesional debe absorber ambos roles, puede existir un ahorro
inmediato, pero también se pierde especialización y aumenta la sobrecarga.
¿Qué podemos hacer? Primero,
convertir el reconocimiento normativo en oportunidades reales, con
financiamiento, criterios de dotación y funciones diferenciadas en los equipos
PIE. Segundo, revisar la oferta de la carrera y transparentar su empleabilidad.
No parece ético seguir aumentando las matrículas si el campo laboral no crece
en una proporción semejante.
Una tercera alternativa sería
crear un programa nacional de prosecución pedagógica. Con dos años de formación
financiada por el Estado, los psicopedagogos que voluntariamente lo deseen
podrían obtener el título de profesor de Educación General Básica, realizar una
práctica profesional y acceder a la Carrera Docente. Chile ya cuenta con
experiencias de reconversión de profesores afectados por cambios curriculares
el caso de los docentes de francés. No es una situación idéntica, pero
demuestra que se pueden reconocer estudios previos y abrir nuevos caminos.
Lo que no podemos seguir haciendo
es responderles a los titulados que deben estudiar Pedagogía Diferencial para
encontrar estabilidad. Presentar otra carrera como única salida desvaloriza la
Psicopedagogía y olvida las historias que existen detrás de cada título: años
de estudio, endeudamiento, esfuerzo personal y sacrificio familiar. Si esa
fuera la única respuesta, sería más honesto revisar la continuidad de la
carrera, incluso considerar su cierre gradual, antes que seguir matriculando
jóvenes en una formación cuya viabilidad laboral el propio sistema pone en
duda.
La Psicopedagogía puede desaparecer no porque haya dejado de ser necesaria, sino porque el sistema está volviéndola laboralmente inviable. Los Oficios del MINEDUC del 2025 señalados son valiosos, pero no bastan. Si el Estado considera esta profesión relevante para la inclusión, debe crear condiciones para que pueda trabajar dignamente. De lo contrario, una carrera clave morirá por razones administrativas, justo cuando nuestras escuelas necesitan recordar que detrás de cada estudiante que “no aprende” existe una historia que todavía puede ser reconstruida.
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