El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, enfrenta una querella criminal por un eventual delito de desacato, luego de que la Municipalidad continuara con el retiro de estructuras publicitarias pese a la existencia de resoluciones judiciales que ordenaban abstenerse de intervenir esos bienes.
De acuerdo con antecedentes publicados por El Periodista, la acción fue presentada por Carlos Frings, representante de Power Graphics, contra Sichel y contra todos quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores.
La querella solicita que el Ministerio Público investigue los hechos y determine si corresponde formalizar al jefe comunal u otros funcionarios vinculados con el retiro de los carteles.
Resoluciones judiciales
El conflicto involucra 20 carteles publicitarios y siete pantallas digitales instaladas en distintos puntos de Ñuñoa, cuya propiedad y régimen de explotación se encuentran sometidos al conocimiento del 20° Juzgado Civil de Santiago.
Según la presentación judicial, el tribunal decretó el 6 de mayo de 2026 una medida prejudicial precautoria que prohibió celebrar actos o contratos respecto de las estructuras individualizadas en la causa.
La resolución fue notificada personalmente a la Municipalidad de Ñuñoa, representada por Sichel, el 27 de mayo.
Posteriormente, el 12 de junio, el tribunal ordenó al municipio dar “estricto cumplimiento” a la prohibición y abstenerse de realizar actuaciones que pudieran contravenirla.
Pese a ello, durante la madrugada del 2 de julio fue retirado un cartel ubicado en avenida General José Artigas, frente a un supermercado, estructura que se encontraba incluida entre los bienes protegidos judicialmente.
Abogados cuestionan actuación municipal
El abogado de Power Graphics Miguel Schürmann calificó la actuación como un incumplimiento evidente de una resolución judicial.
“Estamos ante un evidente y desvergonzado desacato de una orden judicial que le ordenó y luego notificó a la Municipalidad que no puede realizar acto alguno en relación con los letreros indicados”, afirmó.
Agregó que el hecho sería especialmente grave porque el alcalde conocía que el conflicto estaba radicado en tribunales.
“Consideramos especialmente grave que el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, sabiendo que el conflicto con Power Graphics se encuentra radicado en la justicia, y esta le ha ordenado no realizar actos, desacate la orden y cometa un delito”, señaló.
Por su parte, Héctor Salazar Ardiles, también abogado de la empresa, ha sostenido que la acción penal no busca impedir las facultades fiscalizadoras del municipio, sino exigir que la autoridad cumpla las resoluciones judiciales.
Riesgos para el alcalde
La querella invoca el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, que sanciona a quien quebrante una resolución judicial cuyo cumplimiento le ha sido ordenado.
Power Graphics sostiene que existiría una orden vigente, que la Municipalidad fue debidamente notificada y que, pese a ello, se ejecutó el retiro material de una estructura protegida.
La acción atribuye responsabilidad directa a Sichel por su condición de representante legal y máxima autoridad ejecutiva del municipio.
El escrito solicita además citarlo a declarar como imputado, identificar a quienes ejecutaron el retiro, establecer qué autoridad impartió la instrucción y determinar dónde se encuentra actualmente la estructura.
Si el Ministerio Público considera que existen antecedentes suficientes, Sichel podría quedar sujeto a una investigación formal y eventualmente enfrentar una acusación penal.
La querella representa la posición de Power Graphics y no constituye una sentencia. Corresponderá a la Fiscalía investigar los hechos y a los tribunales determinar si existió desacato y quiénes tuvieron responsabilidad.
