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Cada generación recibe un mundo que no eligió y tiene el deber de decidir qué mundo dejará a la siguiente.
Una reflexión personal sobre el desafío de renovar el proyecto progresista frente a un mundo marcado por la crisis climática, la incertidumbre geopolítica y la fragilidad de nuestros territorios, poniendo la resiliencia, la seguridad alimentaria y la capacidad de sostener la vida en el centro del desarrollo.
Hay preguntas que incomodan porque obligan a abandonar las certezas. Esta es una de ellas.
¿Y si el principal desafío del progresismo ya no fuera solamente reducir la desigualdad, sino aprender a construir una sociedad capaz de resistir un mundo cada vez más inestable?
Durante décadas hicimos la pregunta correcta. ¿Cómo distribuimos mejor la riqueza? Gracias a esa discusión ampliamos derechos, fortalecimos la democracia y pusimos en el centro la dignidad de las personas. Pero el mundo cambió.
Hoy la inteligencia artificial transforma el trabajo. La crisis climática redefine la producción de alimentos. La biodiversidad desaparece. La geopolítica vuelve frágiles cadenas de suministro que creíamos seguras.
¿Seguimos haciendo las preguntas que exige este nuevo siglo?
Quizás la gran discusión política de las próximas décadas no será únicamente quién distribuye mejor la riqueza, sino quién es capaz de construir sociedades más resilientes, sociedades capaces de reproducir la vida digna y democráticamente, sociedades que puedan seguir alimentando a su población durante lluvias y sequías prolongadas. Que enfrenten incendios, inundaciones, apagones, bloqueos de camioneros sin que todo un territorio se desmorone. Que comprendan que proteger el agua, los suelos o la biodiversidad no es un lujo ecologista, sino una condición para la estabilidad democrática.
Durante mucho tiempo medimos el desarrollo por el crecimiento económico. Tal vez haya llegado el momento de medirlo también por nuestra capacidad de anticipar las crisis antes de que ocurran. Porque las sociedades rara vez colapsan por un solo desastre. Colapsan cuando pierden la capacidad de adaptarse, aprender y responder colectivamente. Cuando sus territorios dejan de ser resilientes.
¿Estamos pensando en el Chile del 2050 o seguimos atrapados en las urgencias que impondrá la derecha la próxima semana?
Las grandes transformaciones de la historia nunca fueron simplemente una suma de políticas públicas. Fueron la expresión de una misión compartida. Universalizar la educación. Construir un Estado de bienestar. Recuperar la democracia. Erradicar la pobreza extrema.
¿Cuál es la misión de nuestra generación?
No parece suficiente administrar mejor lo existente. Tampoco basta con reaccionar cada vez que ocurre una emergencia. Quizás la tarea sea mucho más ambiciosa, reconstruir la capacidad de nuestros territorios para sostener la vida, y eso significa fortalecer la producción de alimentos, restaurar ecosistemas degradados, proteger el agua, impulsar la ciencia e innovación, descentralizar decisiones y volver a confiar en las capacidades de las comunidades para cuidar sus bienes comunes.
Pero también significa atrevernos a discutir quién financia esa transformación.
La fragilidad de nuestros territorios no es solamente una consecuencia del cambio climático. Es también el resultado de decisiones políticas, qué protegemos, qué dejamos degradar, qué inversiones priorizamos y quién asume los costos de sostener el desarrollo. Durante demasiado tiempo aceptamos un modelo donde los beneficios del crecimiento se concentraron en pocos actores, mientras una parte importante de los costos ambientales y sociales terminó siendo soportada por toda la sociedad.
Si la resiliencia será el nuevo patrimonio estratégico de las naciones, entonces también debe convertirse en una prioridad fiscal. No habrá adaptación climática, restauración ecológica, innovación pública ni seguridad alimentaria sin un Estado con capacidad de invertir y sin un sistema tributario donde quienes más se han beneficiado del desarrollo contribuyan, proporcionalmente, a sostener el esfuerzo colectivo.
Ser progresista nunca ha significado administrar mejor el neoliberalismo. Ha significado cuestionar las estructuras que producen desigualdad y disputar el rumbo del desarrollo. Hoy esa disputa ya no pasa únicamente por cómo distribuimos la riqueza, sino también por cómo regeneramos las condiciones que la hacen posible.
Frente a un mundo crecientemente incierto, la ultraderecha ofrece respuestas simples: levantar muros, hacer zanjas, buscar enemigos, alimentar el miedo, inundar la zona o negar la complejidad de los problemas. Pero ningún muro hará volver el agua a una cuenca. Ninguna batalla cultural restaurará un suelo degradado. Ninguna desregulación resolverá la fragilidad de nuestros sistemas alimentarios.
El progresismo no puede limitarse a responder solo esa agenda. Tiene que ofrecer una misión más grande.
Porque la democracia no se defiende únicamente en las urnas. También se cultiva en los suelos que producen nuestros alimentos, en las cuencas que abastecen nuestras ciudades, en las comunidades que cuidan sus bienes comunes y en la decisión política de que quienes más tienen contribuyan justamente a sostener ese esfuerzo colectivo.
Y quizás el progresismo del siglo XXI ya no deba discutir solamente cómo distribuimos la riqueza, tal vez deba empezar a preguntarse cómo distribuimos la resiliencia.
Porque las grandes transformaciones políticas no comienzan cuando una generación encuentra todas las respuestas, comienzan cuando tiene la lucidez de hacerse las preguntas que el futuro exige, y tiene el coraje para actuar antes que los demás.
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