Carnicero

Cuando Víctor Hugo Robles (El Che de los Gays) miró a Claudio Crespo a la cara y pronunció esa palabra —carnicero— no estaba insultando, estaba nombrando. El insulto es un desahogo emocional, el nombrar es un acto semiótico que restituye un vínculo entre el signo y la cosa que el aparato jurídico-mediático se ha empeñado en disolver. Porque la justicia acreditó lo que el cuerpo de Gustavo Gatica ya sabía sin necesidad de peritajes, que fue Crespo quien disparó la escopeta antidisturbios que le arrancó la vista. Sin embargo, la Ley Naín-Retamal, promulgada en 2023 bajo el "diletante" Boric y aplicada luego de manera retroactiva por el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, lo absolvió invocando una legítima defensa privilegiada. Esta semana la Corte de Apelaciones confirmó esa absolución, ratificando al mismo tiempo su autoría material. El verdugo queda libre y el relato jurídico se encarga de que ese hecho (el disparo, la ceguera, el nombre del responsable) circule desprovisto de consecuencia. Ahí está la operación, no se niega el crimen, se le vacía de castigo. Se le convierte, como diría Barthes, en un mito, una forma sin sustancia que ya no exige reparación sino contemplación.

Pensé en Brueghel, en "El triunfo de la muerte", ese friso flamenco del siglo XVI donde ejércitos de esqueletos arrasan campos y ciudades mientras los vivos, indiferentes o resignados, continúan sus banquetes. Esa coexistencia obscena entre la masacre y la cotidianidad es exactamente lo que produce hoy la pantalla chilena. El mismo noticiero que exhibe a Crespo caminando libre, ensayando su relato de mártir en programas como Sin Filtro, pasa después a la farándula, al clima, al streaming deportivo. No hay pausa, no hay duelo colectivo, solo la sucesión plana de contenidos que Achille Mbembe llamaría necropolítica, el poder soberano no solo decide quién muere, decide también quién puede seguir viviendo sin que su muerte social importe. Gatica y Campillai no fueron asesinados, pero fueron condenados a una supervivencia que el Estado se niega a reconocer como herida política. Su ceguera es administrada como anécdota, no como crimen de Estado.

Y ahora la Cámara de Diputados aprueba una resolución para pedirle a Kast que indulte a Patricio Maturana, el excapitán que le disparó una bomba lacrimógena al rostro a Fabiola Campillai, hoy senadora de la República. Setenta y tres votos a favor. La misma derecha que se llena la boca con "orden" y "seguridad" vota para liberar a quien mutiló a una trabajadora que hoy legisla junto a ellos, en el mismo hemiciclo. Campillai lo dijo, esto es clasismo, es revictimización. Y tiene razón, pero hay que ir más allá del enunciado moral, esto es la superestructura jurídico-política ajustándose, con obscena eficiencia, a la base material que la sostiene. Un modelo que necesitó reprimir a sangre y fuego la revuelta de 2019 para preservar el orden neoliberal no puede, después, castigar a quienes ejecutaron esa represión sin deslegitimar su propio fundamento. Indultar a Maturana no es piedad, es coherencia de clase.

La banalización es el mecanismo de reproducción del trauma fascista. Cuando el crimen se transforma en tema de conversación matinal, cuando el represor concede entrevistas y firma libros, cuando el Congreso delibera con votos sobre si merece perdón quien ya fue juzgado y condenado, se instala una forma de vida, donde la violencia estatal deja de percibirse como excepción para volverse paisaje. No es que hayamos olvidado lo ocurrido en octubre de 2019, es que se nos entrena, sistemáticamente, para no indignarnos ante su repetición. El trauma fascista al que se refiere la pregunta inicial no es solo la memoria de la dictadura reactivada, es la construcción activa de una subjetividad anestesiada, incapaz de sostener la cólera el tiempo suficiente para convertirla en organización política. Ese entrenamiento en la indiferencia es, también, pedagogía, el capital enseña a mirar la masacre como quien mira un cuadro en un museo, con la distancia estética que impide la acción.

Frente a esto, nombrar sigue siendo el primer acto de resistencia, pero no basta. Si Robles pudo decirle carnicero a Crespo en cámara nacional, la tarea de las organizaciones populares y de derechos humanos es traducir ese nombre en una campaña sostenida de inhabilitación política y simbólica, exigir que ningún cargo público, ninguna candidatura, ningún contrato estatal pueda otorgarse a quienes fueron acreditados como responsables de mutilar manifestantes, independientemente de las leyes retroactivas que los blindaron penalmente. Es una batalla en el terreno de lo simbólico que debe acompañar, no reemplazar, la exigencia de derogación de la Ley Naín-Retamal y la organización de base que impida el indulto a Maturana. Porque si en el cuadro de Brueghel los vivos siguen comiendo mientras la muerte avanza, la única forma de detener el triunfo de la muerte es que alguien, en medio del banquete, se ponga de pie y grite el nombre del carnicero antes de que la mesa entera sea arrasada.