El nuevo orden policial.

El 22 de septiembre, desde Nueva York, el gobierno del ultraderechista Kast anunció la adhesión de Chile al Escudo de las Américas, la coalición que el execrable Trump lanzó en marzo con los gobiernos afines de la región. A esa primera cumbre no invitaron a Brasil, México ni Colombia. Cancillería destaca inteligencia compartida y capacitación para Carabineros y la PDI, y Kast afirma que no existe tratado ni operaciones militares. Trump explicó ante sus aliados el propósito del club, contener a los cárteles, la migración descontrolada y la injerencia extranjera. Una sola frase reúne al narco, al migrante y al comunista, este último con su nombre de Guerra Fría traducido a lenguaje diplomático.

El Cono Sur conocemos el esquema. En los años setenta, las dictaduras coordinaron con respaldo de Washington la persecución de opositores más allá de las fronteras, y el operativo se llamó Plan Cóndor. En la campaña de 2021, Kast propuso una coordinación internacional contra los "radicales de izquierda", y la prensa la comparó entonces con prácticas de dictadura. Hoy las cumbres tienen logotipo gringo y los acuerdos, un lenguaje técnico-fascineroso.

Puertas adentro, el instrumento es la ley. El 23 de septiembre la Cámara aprobó en general la ley Antibarricadas 2.0 por 89 votos contra 41. El proyecto elimina la exigencia de violencia o intimidación y alcanza los cortes de tránsito y de transporte. El abogado Mauricio Daza advirtió que la norma podría alcanzar a quienes participen en protestas u organizaciones sociales. A esto se suman el Reglamento de Uso de la Fuerza con presunción de legalidad, la legítima defensa privilegiada, un nuevo estado de excepción y el proyecto para devolver a Carabineros a la justicia militar. Kast resumió el mandato ante los policías, están encargados de "usar la fuerza para imponer el orden".

Un filósofo berlinés del siglo XX observó que en la policía se mezclan la violencia que crea el derecho y la que lo conserva, y que ninguna ley alcanza a contenerla del todo. Otro sociólogo medio griego, medio francés, llamó estatismo autoritario a la combinación de más control estatal sobre la vida cotidiana y menos peso de las instituciones dizques democráticas. El nuevo orden policial chilensis reúne ambas descripciones, la fuerza pública gana atribuciones, la justicia ordinaria pierde alcance sobre ella y la calle queda bajo vigilancia.

Ese orden define tres enemigos, el narco (no el propio, ni el que les distribuye a las elites), el migrante (no el facho eso sí) y el comunista. Conviene mirar quién los nombra. Kast es hijo de migrantes alemanes, y su padre estuvo afiliado al partido nazi. Daniel Noboa, socio del Escudo, arrastra investigaciones que documentaron cocaína en contenedores de la bananera familiar, algo que él atribuye a terceros. En Bolivia, otra pieza del "Escupo", la policía detuvo el 30 de septiembre al fiscal general Roger Mariaca, a cargo de la causa contra Fernando Cerimedo, ex-asesor de Milei y del presidente Rodrigo Paz. Cerimedo está en prisión preventiva por intento de femicidio y es investigado por enriquecimiento ilícito. Dos días antes de la detención, Estados Unidos había revocado la visa de Mariaca y lo acusó de recibir sobornos para facilitar el narcotráfico. Mariaca vinculó esa decisión con el caso Cerimedo, y su propio Ministerio Público calificó el operativo de ilegal. Las acusaciones de narcotráfico contra Cerimedo que circulan en Bolivia carecen de sentencia y la justicia de ese país deberá probarlas. La secuencia, en cambio, ya está a la vista, el fiscal que investiga a un hombre cercano a Washington recibe la etiqueta de narco. 

Otro dato curioso. El 28 de septiembre la PDI detuvo a siete personas ligadas al Primeiro Comando da Capital, la banda brasileña que Estados Unidos declaró terrorista. Su sigla, PCC, queda a una letra de la del Partido Comunista, y ese vecindario de letras tiene antecedentes, ya que en mayo Kast acusó al PC de "agitar las calles", y en enero la UDI lo denunció ante la CIDH por incitar violencia política. Un gobierno que gobierna con enemigos intercambiables sabrá apreciar la proximidad tipográfica. Para qué decir, "Yo Elijo Mi PC".

Resistir exige darle nombre al fenómeno. Una policía con jurisdicción propia, enemigo interno y cooperación con Washington componen un cuadro que Chile conoce desde la dictadura. La diferencia es que hoy llega por vía parlamentaria, con un gobierno que carece de mayoría propia en ambas cámaras, y esa diferencia abre espacio de acción. La Ley Antibarricadas 2.0 todavía debe pasar por el Senado, el Frente Amplio y el PC dejaron reserva de constitucionalidad que lleva el debate al Tribunal Constitucional, y la excepción para manifestaciones pacíficas se aprobó por 72 votos contra 61, un margen que muestra cuánto pesa cada voto. Mientras los socialdemócratas Boric y Bachelet pidieron reconsiderar la adhesión al Escudo. La oposición parlamentaria puede exigir que el Congreso conozca los términos del acuerdo antes de aceptar la palabra del Ejecutivo de que no compromete la soberanía. Serán ilusos.

Aun así, las reformas defensivas tienen techo. Una policía fiscalizada sigue cuidando la propiedad que se acumula, y mientras haya acumulación capital habrá orden policial que la proteja. Por eso hay que hablar de revolución, donde la mayoría decida sobre el trabajo, la tierra, el agua y la seguridad, con propiedad social de los recursos estratégicos, soberanía regional frente al Escupo de las Américas y poder popular. Los 50 barrios del copamiento de Kast pueden ser 50 asambleas.