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Más de 7.000 personas, según cifras policiales, y cerca de 10.000, de acuerdo con estimaciones periodísticas, participaron en una movilización en Antalya para exigir justicia climática, el abandono de los combustibles fósiles y protección para las comunidades afectadas por proyectos extractivos. La protesta puso en evidencia las contradicciones de Turquía, que mientras alberga la principal conferencia climática de Naciones Unidas continúa impulsando proyectos de carbón y minería cuestionados por organizaciones ambientales.
Miles de personas salieron a las calles de Antalya, Turquía, el sábado 14 de noviembre para participar en la Marcha de los Pueblos por el Clima, una movilización internacional que coincidió con la celebración de la 31.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31).
La manifestación reunió a organizaciones ambientalistas, sindicatos, movimientos sociales, activistas internacionales y habitantes de comunidades rurales que denuncian los impactos de la minería, la expansión de las centrales de carbón, la contaminación industrial y la destrucción de bosques y fuentes de agua.
La protesta se desarrolló en el centro de Antalya, ciudad anfitriona de la COP31, que reúne a delegaciones de cerca de 200 países y se extenderá hasta el 20 de noviembre.
Las cifras de participación varían según las fuentes. La policía turca estimó que más de 7.000 personas participaron en la movilización, mientras que el diario francés Le Monde calculó una asistencia cercana a las 10.000. La prensa internacional la describió como la mayor manifestación realizada desde el comienzo de la conferencia.
Bajo consignas como «Contra la COP31, defendemos la vida», «Justicia climática ahora» y «Personas por encima de los contaminadores», los manifestantes cuestionaron la falta de compromisos concretos de los gobiernos y exigieron que las negociaciones internacionales se traduzcan en medidas efectivas para enfrentar la crisis climática.
La movilización fue autorizada por las autoridades turcas y transcurrió sin incidentes importantes, aunque los participantes debieron someterse a controles policiales antes de ingresar al recorrido, que estuvo delimitado por barricadas.
La marcha estuvo impulsada por organizaciones de la sociedad civil turca e internacional, entre ellas Greenpeace, 350.org, Fridays for Future y Climate Action Network.
También participaron sindicatos, organizaciones feministas, colectivos contra la guerra, movimientos antinucleares y representantes de partidos opositores turcos.
Uno de los aspectos más destacados fue la presencia de numerosas delegaciones de comunidades rurales que llegaron desde diferentes regiones del país para denunciar conflictos ambientales en sus territorios.
La protesta se transformó así en un espacio de encuentro entre organizaciones internacionales que reclaman cambios en las políticas energéticas y comunidades que enfrentan directamente las consecuencias de proyectos mineros, centrales eléctricas y obras de infraestructura.
«Estamos sufriendo las consecuencias de la injusticia climática, pero nuestras voces nunca son escuchadas en la COP», declaró Halime Saman, integrante de la plataforma de la Cumbre Climática de los Pueblos, una de las organizaciones convocantes, según recogió la agencia AFP.
Entre las principales demandas figuraron el abandono progresivo de los combustibles fósiles, la prohibición de nuevas centrales de carbón, una transición energética justa y mayores compromisos de financiación climática para los países en desarrollo.
Los manifestantes también reclamaron que los gobiernos y las grandes corporaciones asuman responsabilidades por los daños ambientales y que las comunidades afectadas tengan participación efectiva en las decisiones sobre sus territorios.
Una de las principales críticas de la movilización estuvo dirigida a la política energética del Gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan.
Los movimientos ambientales cuestionan que Turquía ejerza un papel central en la organización de la conferencia climática de Naciones Unidas mientras continúa respaldando proyectos de extracción de carbón y ampliación de centrales termoeléctricas.
Entre las iniciativas más cuestionadas se encuentra la expansión de la central eléctrica de carbón Afşin-Elbistan, situada en el sur del país, cuya ampliación ha generado resistencia de organizaciones ambientales y comunidades locales.
«No se puede pretender ser un líder climático mientras se mantienen políticas de combustibles fósiles y carbón», planteó Özlem Katisoz, coordinadora de política climática y energética para Turquía de Climate Action Network Europe, durante la movilización.
La activista sostuvo que una de las primeras medidas que debería adoptar el Gobierno sería comprometerse a no construir nuevas centrales de carbón.
Por su parte, Ecehan Balta, de la Plataforma Climática, cuestionó la falta de avances en las negociaciones internacionales y denunció que Turquía todavía no cuenta con una fecha definida para abandonar los combustibles fósiles.
La contradicción se vuelve particularmente relevante porque la propia conferencia busca impulsar acuerdos sobre financiación climática, electrificación, reducción de emisiones y transición energética.
Para los movimientos sociales, no resulta suficiente que los gobiernos anuncien objetivos internacionales mientras mantienen políticas nacionales que favorecen la explotación de combustibles fósiles.
Otro de los ejes centrales de la manifestación fue la defensa de los territorios frente a proyectos extractivos.
Una de las delegaciones presentes llegó desde la región de Eskişehir, donde comunidades rurales se oponen a un proyecto de extracción de oro y cobre que contempla dos minas a cielo abierto, galerías subterráneas, instalaciones de procesamiento y depósitos de residuos mineros.
Ayşe, representante de un colectivo de habitantes de la montaña Türkmen, explicó a Le Monde que 17 localidades de la región están involucradas en la resistencia contra el proyecto.
Los habitantes denuncian que el uso de cianuro y otros productos químicos podría contaminar las fuentes de agua, afectar los bosques y comprometer las tierras destinadas a actividades agrícolas y ganaderas.
Otro de los conflictos que llegó a las calles de Antalya es el de Akbelen, en la provincia de Muğla, donde comunidades locales mantienen una prolongada lucha contra la expansión de una mina de lignito a cielo abierto.
La actividad minera amenaza los bosques y olivares de la zona y está vinculada al abastecimiento de centrales eléctricas de carbón.
Desde 2019, los habitantes de İkizköy y localidades cercanas han recurrido a los tribunales y organizado protestas para impedir la expansión de las explotaciones.
Human Rights Watch publicó en octubre de 2026 un informe en el que documentó detenciones, multas, investigaciones judiciales y actuaciones policiales contra personas que participan en las protestas ambientales.
La organización también recogió denuncias sobre el uso de gases lacrimógenos, cañones de agua y gas pimienta para dispersar manifestaciones pacíficas.
En el noreste de Turquía, otro foco de resistencia se concentra en la meseta de Perşembe, donde comunidades ganaderas se oponen a proyectos de exploración de oro por los riesgos que podrían representar para las fuentes de agua y los pastizales.
Estos conflictos reflejan una tensión que también se reproduce en otros países: la expansión de la minería para abastecer las industrias tecnológicas y la transición energética puede generar nuevos impactos ambientales cuando no existen garantías suficientes para proteger los territorios y los derechos de las poblaciones locales.
La movilización también estuvo marcada por la tragedia ocurrida el 9 de noviembre, primer día de la COP31, cuando una explosión seguida de un incendio en una instalación siderúrgica de Habas, en el distrito de Aliağa, cerca de Esmirna, provocó la muerte de 19 trabajadores.
El accidente fue mencionado por activistas que cuestionan los niveles de contaminación industrial de la región y reclaman una mayor fiscalización de las instalaciones metalúrgicas y de procesamiento.
Aliağa concentra actividades siderúrgicas, refinerías, desguace naval e instalaciones industriales que han sido objeto de denuncias ambientales por parte de organizaciones locales.
Los manifestantes exigieron que la tragedia no quede reducida a una investigación sobre las causas inmediatas del accidente, sino que también se examinen las condiciones de seguridad laboral y los impactos ambientales de la actividad industrial en la región.
La marcha también puso en evidencia las restricciones que enfrentan los movimientos sociales y los defensores ambientales en Turquía.
En un informe publicado el 13 de octubre, Human Rights Watch advirtió que las autoridades turcas habían detenido e investigado a activistas y habitantes que participaban en protestas contra proyectos mineros y de explotación de carbón.
La organización documentó casos en Akbelen y en la región del mar Negro, donde las comunidades han denunciado intervenciones policiales, multas administrativas y procesos judiciales vinculados a sus actividades de protesta.
La investigación incluyó entrevistas con 23 personas: 15 habitantes de comunidades afectadas, seis abogados y dos periodistas.
HRW sostuvo que estos procedimientos judiciales y las intervenciones policiales generan un efecto intimidatorio que puede desalentar la participación ciudadana en la defensa ambiental.
La contradicción adquiere especial relevancia en el marco de una conferencia de Naciones Unidas que requiere precisamente la participación de organizaciones de la sociedad civil, científicos, comunidades indígenas y movimientos sociales.
En paralelo a las negociaciones oficiales, organizaciones turcas e internacionales organizaron la Cumbre Climática de los Pueblos, un encuentro independiente destinado a dar espacio a las voces de las comunidades y movimientos que cuestionan las políticas ambientales de los gobiernos.
La iniciativa busca colocar en el centro del debate cuestiones como la justicia climática, la soberanía alimentaria, la protección de los recursos hídricos, la responsabilidad de las grandes corporaciones y la financiación para los países más vulnerables.
Más allá de las particularidades de Turquía, la movilización de Antalya expresa una discusión que atraviesa las negociaciones climáticas internacionales: la distribución de responsabilidades y costos frente al calentamiento global.
Los países en desarrollo y las organizaciones que representan a comunidades vulnerables reclaman que las economías industrializadas asuman una mayor responsabilidad financiera por las emisiones históricas que han contribuido a provocar la crisis climática.
Entre sus principales demandas figuran mayores recursos para adaptación, mecanismos de compensación por pérdidas y daños, transferencia tecnológica y financiamiento público que no aumente el endeudamiento de las economías más vulnerables.
También cuestionan que las grandes corporaciones puedan presentar sus inversiones como soluciones climáticas mientras mantienen actividades vinculadas a la explotación de combustibles fósiles y recursos naturales.
Esta discusión tiene especial importancia para América Latina, una región que concentra reservas estratégicas de cobre, litio y otros minerales fundamentales para las nuevas tecnologías energéticas.
La transición hacia vehículos eléctricos, baterías, redes inteligentes y energías renovables requiere grandes cantidades de minerales, lo que abre oportunidades económicas, pero también plantea interrogantes sobre el consumo de agua, la protección de los ecosistemas y los derechos de las comunidades.
La experiencia de Turquía vuelve a poner sobre la mesa una pregunta central: ¿puede existir una transición energética verdaderamente justa si los costos ambientales siguen recayendo sobre las mismas comunidades y territorios?
La Marcha de los Pueblos se realizó cuando las negociaciones de la COP31 alcanzaban su punto medio y los países comenzaban a preparar la fase decisiva de la conferencia.
Entre los asuntos más controvertidos se encuentran la financiación para la adaptación climática, la reducción de emisiones, la defensa de la evidencia científica y la transición desde los combustibles fósiles hacia energías limpias.
El secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Simon Stiell, llamó a los negociadores a evitar retrasos estratégicos y avanzar en los asuntos más difíciles para alcanzar un acuerdo.
Sin embargo, para los miles de manifestantes que ocuparon las calles de Antalya, las negociaciones diplomáticas no pueden seguir siendo un espacio donde los compromisos se postergan mientras las comunidades enfrentan diariamente los efectos de la degradación ambiental.
La protesta dejó un mensaje que trasciende las fronteras turcas: la lucha contra el cambio climático no puede limitarse a acuerdos entre gobiernos, objetivos de reducción de emisiones o compromisos de inversión.
También exige discutir quién controla los recursos naturales, quién obtiene los beneficios de la explotación económica y quién asume los daños provocados por un modelo de desarrollo basado en la extracción intensiva y el consumo de combustibles fósiles.
Mientras cerca de 200 países buscan consensuar una respuesta internacional a la crisis climática, miles de personas recordaron desde las calles de Antalya que la justicia climática también se construye defendiendo los territorios, el agua, los bosques y los derechos de quienes viven en ellos.
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