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Pueblos indígenas del Amazonas interceptan barcazas de petróleo y soja en el río Tapajós y denuncian la expansión del agronegocio en Brasil

Más de 600 indígenas de distintas comunidades del Bajo Tapajós participaron en el noveno Grito Ancestral, una movilización que incluyó la interceptación de dos embarcaciones comerciales en el estado de Pará. Los pueblos Tupinambá, Munduruku y otras comunidades exigen la demarcación de sus territorios ancestrales, rechazan el proyecto ferroviario Ferrogrão y denuncian que la expansión de la infraestructura destinada a exportar soja y maíz amenaza los ecosistemas amazónicos, sus fuentes de agua y sus formas de vida. La protesta se produce en medio de una nueva ola de incendios forestales y mientras el Gobierno de Lula enfrenta cuestionamientos por sus compromisos sobre la protección del río.

Pueblos indígenas del Amazonas interceptan barcazas de petróleo y soja en el río Tapajós y denuncian la expansión del agronegocio en Brasil

     





La disputa por la Amazonía brasileña volvió a trasladarse al cauce de uno de sus principales ríos. Durante el fin de semana del 14 y 15 de noviembre, comunidades indígenas del Bajo Tapajós interceptaron dos barcazas comerciales que navegaban por el río Tapajós, en el estado de Pará, para exigir el reconocimiento legal de sus territorios ancestrales y denunciar la expansión de los proyectos industriales y agroexportadores que avanzan sobre la región.

Las acciones se desarrollaron en el marco de la novena edición del Grito Ancestral, una movilización organizada por el pueblo Tupinambá que reúne a comunidades indígenas de la cuenca baja del Tapajós en defensa del río y de sus territorios.

El sábado 14 de noviembre, los manifestantes interceptaron una barcaza que transportaba petróleo cerca de Pau da Letra. Al día siguiente, detuvieron una segunda embarcación que trasladaba soja. Los participantes abordaron las naves y desplegaron pancartas en medio del humo de los incendios forestales que afectan al oeste del estado de Pará.

Según los organizadores, la movilización reunió a más de 600 personas y cerca de 20 embarcaciones. Las acciones fueron pacíficas y estuvieron acompañadas de actividades comunitarias y culturales.

La protesta tuvo lugar mientras se desarrolla la COP31 en Antalya, Turquía, y constituye una expresión de la resistencia de las comunidades amazónicas frente a un modelo de desarrollo que consideran incompatible con la protección de sus territorios y ecosistemas.

«En el Grito, nuestras comunidades se reúnen para hablar de lo que está ocurriendo en nuestras tierras. Pescamos en este río y lo utilizamos para desplazarnos de una aldea a otra. El río forma parte de nuestros territorios y de nuestras vidas. Por eso queremos protegerlo», declaró Gilson Tupinambá, cacique del pueblo Tupinambá.

El dirigente advirtió que los incendios han generado humo incluso sobre el propio río y sostuvo que las comunidades no quieren que el fuego se utilice para despejar terrenos y ampliar las plantaciones de soja.

El Tapajós, una autopista fluvial para las exportaciones de soja y maíz

Detrás de la movilización existe una disputa económica de enormes dimensiones. El río Tapajós se ha convertido en uno de los principales corredores de transporte de productos agrícolas de Brasil, conectando las regiones productoras del centro-oeste del país con los puertos amazónicos desde donde se abastecen los mercados internacionales.

El circuito logístico comienza en el estado de Mato Grosso, uno de los principales polos de producción agrícola de Brasil. Desde allí, los cargamentos de soja y maíz son transportados en camiones por la carretera BR-163 hasta las terminales portuarias de Miritituba, en el municipio de Itaituba, estado de Pará.

Una vez en esas instalaciones, los granos son transferidos a grandes barcazas que navegan por el Tapajós hacia los puertos de Santarém y Barcarena, desde donde se organizan las operaciones de exportación.

Las dimensiones de esta infraestructura ayudan a comprender la magnitud del conflicto.

Según el Ministerio de Puertos y Aeropuertos de Brasil, la hidrovía del Tapajós transportó 16,8 millones de toneladas de mercancías durante 2025, un crecimiento del 14,3% respecto del año anterior. La soja y el maíz representaron el 88,4% del volumen total movilizado.

El Gobierno brasileño presenta el transporte fluvial como una alternativa logística eficiente, de menor costo y con menores emisiones de carbono que el transporte exclusivamente terrestre. El Ministerio de Puertos destaca, además, la capacidad de operar convoyes de hasta 36 barcazas, con una carga conjunta de aproximadamente 110.000 toneladas.

Sin embargo, las comunidades indígenas cuestionan que esta evaluación se concentre principalmente en los beneficios económicos y logísticos, sin considerar suficientemente los impactos acumulativos sobre los ecosistemas, la pesca, la calidad del agua y los territorios tradicionales.

Para los pueblos del Bajo Tapajós, el río no es solamente una vía de transporte comercial. Es una fuente de alimentación, un espacio de circulación entre aldeas, un elemento de identidad cultural y una parte inseparable de sus territorios ancestrales.

La expansión de la navegación comercial, sostienen, debe evaluarse desde esa perspectiva y no exclusivamente desde las necesidades de los mercados internacionales.

Ferrogrão: el megaproyecto ferroviario que amenaza con ampliar el corredor agroexportador

Uno de los principales objetivos de la protesta fue el rechazo al proyecto ferroviario Ferrogrão, una iniciativa de infraestructura de aproximadamente 976 kilómetros que pretende conectar Sinop, en Mato Grosso, con el puerto de Miritituba, en Itaituba.

El proyecto busca crear una conexión ferroviaria de alta capacidad para transportar la producción agrícola del centro-oeste brasileño hacia los terminales portuarios del norte del país.

Su desarrollo permitiría ampliar considerablemente el volumen de soja y maíz que llega a las instalaciones de Miritituba y, desde allí, circula por el río Tapajós hacia los mercados internacionales.

Para el agronegocio brasileño, Ferrogrão representa una oportunidad de reducir costos logísticos, mejorar la competitividad de las exportaciones y ampliar la capacidad de transporte de mercancías.

Para las organizaciones indígenas y ambientales, en cambio, constituye una amenaza por sus posibles efectos sobre los territorios, los bosques y las comunidades situadas a lo largo de su área de influencia.

La controversia llegó hasta las instituciones judiciales brasileñas.

En mayo de 2026, el Supremo Tribunal Federal validó la constitucionalidad de una ley que había reducido la superficie protegida del Parque Nacional del Jamanxim para permitir el avance del proyecto ferroviario. Sin embargo, esa decisión no autorizó automáticamente la construcción de Ferrogrão: el proyecto todavía debe cumplir los procedimientos de evaluación ambiental, licenciamiento y aprobación correspondientes.

Además, en marzo de 2026, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) mantuvo suspendido el análisis de la concesión del proyecto después de acoger los argumentos del Ministerio Público Federal, que había denunciado irregularidades, inconsistencias financieras y la ausencia de consulta previa a los pueblos indígenas afectados.

Según el Ministerio Público Federal, el trazado ferroviario podría afectar potencialmente a 48 territorios indígenas.

El organismo también sostuvo que las audiencias públicas generales no sustituyen el derecho de los pueblos tradicionales a una consulta libre, previa e informada, conforme a las obligaciones establecidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

En el Grito Ancestral, los dirigentes indígenas exigieron que los impactos del ferrocarril sean evaluados conjuntamente con los de la expansión portuaria y los proyectos de infraestructura fluvial.

Una de las pancartas desplegadas durante la movilización resumió su posición: «Financiar Ferrogrão es matar el Tapajós».

Lula revocó un decreto, pero la disputa por el dragado continúa

La movilización de noviembre también se produce después de un importante conflicto entre las comunidades indígenas y el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

En agosto de 2025, el Ejecutivo había aprobado el Decreto 12.600, que incorporaba las hidrovías de los ríos Tapajós, Madeira y Tocantins al Programa Nacional de Desestatización, abriendo la posibilidad de avanzar en estudios de concesión y participación privada en la gestión de estas infraestructuras.

La medida provocó una fuerte reacción de los pueblos indígenas, que cuestionaron la ausencia de una consulta adecuada y advirtieron sobre los riesgos de ampliar el transporte comercial sin evaluar sus consecuencias territoriales y ambientales.

En enero y febrero de 2026, las protestas se intensificaron. Comunidades indígenas ocuparon durante 33 días instalaciones vinculadas a la terminal de Cargill en Santarém y organizaron movilizaciones para impedir el avance de las medidas relacionadas con la concesión de las hidrovías.

El 23 de febrero, el Gobierno brasileño anunció la derogación del decreto, decisión que se formalizó mediante el Decreto 12.856.

La decisión fue interpretada como una victoria de la movilización indígena. Sin embargo, no resolvió el conjunto de las controversias sobre la infraestructura del río.

De hecho, en julio de 2026, el Ministerio Público Federal recomendó suspender nuevas intervenciones de dragado en el tramo entre Itaituba y Santarém, después de que las autoridades regionales señalaran su intención de reanudar trabajos en distintos puntos del cauce sin completar los procedimientos ambientales y de consulta correspondientes.

La intervención proyectada contemplaba retirar más de 4,5 millones de metros cúbicos de sedimentos a lo largo de aproximadamente 280 kilómetros.

El Ministerio Público advirtió que estas operaciones podían remover depósitos históricos de mercurio presentes en el lecho del río, afectar la fauna acuática y alterar zonas de reproducción de especies amenazadas. También alertó sobre posibles impactos en los lugares de desove del Tabuleiro do Monte Cristo, una zona de reproducción de especies protegidas.

El organismo cuestionó, además, que las intervenciones fueran calificadas como dragado de mantenimiento, argumentando que por su magnitud y alcance podían constituir una ampliación de la hidrovía y, por tanto, requerir una evaluación ambiental más rigurosa.

El Ministerio Público también señaló que no se estaban respetando al menos 18 protocolos propios de consulta previa elaborados por pueblos indígenas de la región.

Este antecedente resulta fundamental para comprender por qué las comunidades mantienen sus protestas a pesar de la derogación del decreto: la disputa no se limita a la privatización de las hidrovías, sino que abarca el modelo de infraestructura, navegación y explotación económica que se pretende desarrollar en el territorio.

Doce territorios indígenas y una demarcación que sigue pendiente

La protección del río está directamente relacionada con otra de las principales reivindicaciones del Grito Ancestral: el reconocimiento legal de las tierras indígenas del Bajo Tapajós.

En mayo de 2026, el Ministerio de los Pueblos Indígenas de Brasil formalizó la creación del Foro Regional de los Territorios Ancestrales del Bajo Tapajós, una instancia destinada a coordinar las políticas de demarcación, protección territorial, salud y educación para las comunidades de la región.

El organismo identificó un conjunto de 12 territorios en diferentes etapas de regularización.

Cinco de ellos todavía esperan que la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI) inicie los estudios formales para identificar sus límites: Tupinambá do Baixo Tapajós, Encantados/Kumaruara, Sarambiá, Terra Preta y Arapyun.

Otros tres se encuentran en distintas fases de estudio: Borari de Alter do Chão, Escrivão y Munduruku e Apiaká do Planalto Santareno.

Los cuatro restantes ya cuentan con declaraciones oficiales de reconocimiento como tierras indígenas, pero todavía no han completado su demarcación y homologación definitiva.

Las tierras Bragança/Marituba y Munduruku-Taquara se encuentran en proceso de delimitación física, mientras que Maró y Cobra Grande esperan esa etapa, prevista en la planificación de FUNAI para 2027.

La demora en estos procedimientos tiene consecuencias que van más allá del reconocimiento administrativo.

Sin límites territoriales oficialmente establecidos y mecanismos efectivos de protección, las comunidades enfrentan mayores dificultades para impedir invasiones, explotación ilegal de madera, minería, apropiación de tierras y expansión de actividades agropecuarias.

Lukas Tupinambá, coordinador del Consejo Indígena Tapajós y Arapiuns (CITA), afirmó que las comunidades intensificarán sus movilizaciones durante 2027 para exigir que el Gobierno establezca responsables y plazos concretos para avanzar en cada uno de los procesos.

«No vamos a renunciar a ningún territorio del Bajo Tapajós. Algunas aldeas todavía esperan que el Gobierno inicie los estudios. Otras se encuentran en tierras que ya han sido declaradas oficialmente, pero que aún no han sido demarcadas. Queremos saber qué falta en cada caso, quién es responsable de impulsar el proceso y en qué plazo debe hacerlo», sostuvo.

Los incendios avanzan sobre los territorios mientras la región enfrenta una nueva sequía

La protesta también estuvo marcada por la presencia del humo de los incendios forestales que afectan al oeste de Pará.

Uno de los territorios más amenazados es el reclamado por el pueblo Borari, en Alter do Chão, donde la FUNAI inició estudios de identificación en 2008 que todavía no han concluido.

La brigada comunitaria de bomberos estima que las llamas han afectado aproximadamente 564 hectáreas de tierras reclamadas por este pueblo indígena.

La Policía Federal de Brasil abrió una investigación sobre los incendios registrados en el Área de Protección Ambiental de Alter do Chão. Dirigentes Borari sospechan que algunos focos podrían haber sido provocados deliberadamente para despejar terrenos y facilitar parcelaciones ilegales. Esta hipótesis permanece bajo investigación y no constituye una causa judicialmente acreditada.

La situación coincide con una intensificación de las condiciones de sequía asociadas al fenómeno de El Niño.

Según el quinto boletín del Panel El Niño 2026-2027, elaborado por organismos brasileños como INPE, INMET y CEMADEN, existe una elevada probabilidad de que el fenómeno alcance una intensidad muy fuerte durante el trimestre noviembre-diciembre-enero y continúe hasta comienzos de 2027.

Las previsiones apuntan a temperaturas superiores a lo normal y precipitaciones inferiores al promedio en amplias zonas del norte de Brasil, condiciones que aumentan el riesgo de propagación de los incendios.

No obstante, las autoridades científicas distinguen entre las condiciones meteorológicas que favorecen la propagación del fuego y las causas concretas que originan los incendios.

Esta distinción también está en el centro de las denuncias de los movimientos sociales, que sostienen que la crisis amazónica no puede atribuirse exclusivamente a la sequía.

El 12 de noviembre, durante la COP31 en Turquía, cien organizaciones brasileñas entregaron al presidente Lula la denominada Carta del Amazonas, un documento que exige medidas estructurales contra los incendios forestales, el acaparamiento ilegal de tierras y la expansión de actividades que presionan sobre los bosques.

Entre sus firmantes figuran la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB), el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), el Movimiento de Afectados por Represas (MAB) y organizaciones de comunidades tradicionales.

El documento sostiene que los incendios están relacionados no solamente con las condiciones climáticas, sino también con la deforestación, la concentración de tierras, la expansión de monocultivos y pastizales y los grandes proyectos de infraestructura destinados a la explotación y exportación de materias primas.

Cargill y el negocio global de los granos en la Amazonía

La presencia de grandes operadores agroindustriales en el corredor del Tapajós constituye otra dimensión de la disputa.

En febrero de 2026, la ocupación indígena de la terminal de Cargill en Santarém se convirtió en un episodio de repercusión internacional.

La multinacional estadounidense es uno de los principales operadores de exportación de granos en la región. Según Reuters, durante 2025 su terminal de Santarém embarcó más de 5,5 millones de toneladas de soja y maíz, equivalentes a más del 70% del volumen de granos movilizado por ese puerto.

La ocupación de sus instalaciones fue utilizada por los movimientos indígenas para llamar la atención sobre el vínculo entre el crecimiento de la infraestructura portuaria, la expansión de las exportaciones agrícolas y las amenazas que enfrentan los territorios tradicionales.

Cargill, por su parte, sostuvo que no tiene autoridad ni control sobre las decisiones gubernamentales relativas al dragado del río.

La discusión no consiste únicamente en cuestionar la actividad de una empresa específica, sino en examinar el conjunto de la cadena económica que conecta la producción agrícola de Mato Grosso, el transporte por carretera, las terminales amazónicas, la navegación fluvial y los mercados internacionales.

En ese circuito participan operadores portuarios, productores agrícolas, compañías de transporte, exportadores y grandes compradores de materias primas.

Para las organizaciones indígenas, el problema es que el crecimiento de esta infraestructura puede incrementar la presión sobre las tierras, favorecer el acaparamiento territorial y agravar los conflictos ambientales si no se establecen mecanismos eficaces de consulta y protección.

«¿Qué quedará de este río para nuestros hijos?»

La movilización del Bajo Tapajós coincide con las negociaciones de la COP31, donde los gobiernos discuten mecanismos de financiación climática, conservación de los bosques y transición energética.

Sin embargo, las comunidades indígenas plantean que las declaraciones internacionales sobre protección ambiental pierden legitimidad cuando no se traducen en garantías concretas para quienes habitan y protegen los ecosistemas.

La dirigente Munduruku Alessandra Korap expresó esta contradicción al cuestionar que los grandes proyectos de infraestructura se evalúen fundamentalmente en función de la cantidad de mercancías que podrán transportar.

«Cuando hablan de ferrocarriles, hidrovías y puertos, calculan cuánto grano pueden sacar de aquí. Nosotros tenemos una pregunta diferente: ¿qué quedará de este río para nuestros hijos si el bosque sigue convirtiéndose en cenizas y los pesticidas de los campos continúan llegando a nuestros arroyos?», manifestó.

Su planteamiento resume el conflicto que atraviesa la Amazonía brasileña: mientras el país busca consolidarse como una potencia agroexportadora y ampliar sus conexiones logísticas con los mercados mundiales, los pueblos indígenas reclaman que el desarrollo económico no puede realizarse a costa de sus territorios, sus recursos hídricos y su supervivencia cultural.

El noveno Grito Ancestral no fue solamente una protesta contra dos barcazas comerciales. Fue una advertencia sobre el futuro de una de las regiones ecológicas más importantes del planeta.

La disputa por el Tapajós muestra que la defensa de la Amazonía no se juega únicamente en las conferencias internacionales ni en los compromisos que firman los gobiernos. También se libra en los ríos, los bosques y las comunidades que enfrentan cotidianamente la presión de un modelo económico orientado a ampliar la extracción y exportación de recursos naturales.

Y mientras las barcazas continúan recorriendo el río, los pueblos indígenas insisten en que el Tapajós no es una mercancía: es su territorio, su fuente de vida y un patrimonio ambiental cuya protección tiene consecuencias para toda la humanidad.

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