18-O 2026: ¿puede ocurrir un nuevo estallido?



La trampa

Este domingo 18 de octubre se cumplen siete años del estallido de 2019, y hay una “Gran Marcha de Chile” convocada a las 12:00 en Plaza Baquedano, con concentraciones simultáneas en plazas de varias regiones. Será el primer 18-O de Kast en La Moneda y su gobierno quiere pasar la página: para él, aquel día Chile no despertó, vivió “una pesadilla”. Lo que espera del domingo es que la violencia no se repita.

O quizás sí. Aunque no lo confiese.

Si el domingo se mide por la violencia, el único resultado posible es el que el gobierno necesita: la foto del desorden. Mi lectura es que a Kast le conviene un estallido, y que los recortes y frases como la de Quiroz no son solo torpeza. El 1 de octubre la parafina subió $281,8 por litro y el ministro dijo que “hoy nadie consume parafina”. En el sur la gente sigue comprándola.

Y no hace falta que nadie provoque. El Fondo E, el “más seguro” para quienes están por jubilar, perdió 10,4% en lo que va del año: las AFP apostaron los ahorros a que las tasas de EE.UU. bajarían, y hoy esas posiciones suman pérdidas por US$7.700 millones. Las pérdidas son de los fondos. Las ganancias, 13,3% más que el año anterior, son de las administradoras. Y hoy piden confiar en las instituciones. Así se acumula la rabia de una comunidad que ya está cansada.

Las demandas de 2019 siguen intactas. En algunos casos, la situación es peor. Lo que cambió es la percepción: la gente asocia protesta con destrozos, y por eso el apoyo a las marchas va en bajada. Esa asociación no es natural. La construyeron años de manipulación mediática y de gobiernos que necesitan que la calle se vea como un peligro. Pero protestar no tiene por qué terminar en una barricada. Y ahí está la diferencia entre lo que se quemó en 2019 y lo que se puede construir ahora.

La plaza, no la Bastilla

El domingo, en tu plaza, a las 12:00. No hace falta viajar al centro. Con bandera chilena, sin capucha, con ropa de todos los días. En silencio o conversando en grupos: qué necesita nuestra comunidad, quién cuida a quién, cómo nos organizamos. Si vas a Baquedano, ve igual, pero a estar, no a desafiar. Lleva algo para escribir, o el celular con notas. Lo que salga de esa conversación es el punto de partida de algo, no el final de una marcha.

La protesta tiene que ser pacífica. No porque el gobierno lo exija, sino porque la violencia le sirve a él, no a nosotros. Si aparece un provocador, no le sigas el juego. Josefa Barraza documentó que Carabineros infiltró las marchas sin orden judicial, y que la mayoría de las causas por la quema del Metro se cerraron sin responsables. Cinco estuvieron presos. Después los soltaron. Los que quemaron nunca aparecieron. La comunidad que ya maduró sabe aislar al provocador, grabarlo y entregar el material a abogados y organizaciones de derechos humanos. No dejemos que ensucien la manifestación popular. Esa foto no tiene titular.

Y no hace falta inventar conspiraciones moleculares disipadas orquestadas desde el castrochavismo. El 25 de octubre de 2019, más de un millón de personas se juntaron en Santiago sin convocatoria, y fue la marcha más grande desde la vuelta a la democracia. Fue pacífica. Kast mismo lo reconoció ese día. El que necesita creer que un millón de personas estaba pagado no está mirando la calle: está mirando su propio miedo.

El circo que regaló el Rechazo

Chile ya probó la otra versión. En 2019 la comunidad se encontró en la calle —cacerolazos, cabildos, asambleas— y la clase política hizo lo que sabe hacer: secuestró el momento. El 15 de noviembre, a las dos de la madrugada, en un edificio, los presidentes de los partidos firmaron el “Acuerdo por la Paz”. Ni un cabildo, ni una asamblea, ni la Plaza Italia que llevaba un mes llena. Un senador lo dijo después: si hubiera sido un gran acuerdo, se habría firmado en la plaza, con alegría. Se firmó de madrugada, entre cuatro paredes.

Y aun así, el pueblo respondió. En el plebiscito de entrada, con voto voluntario, votaron más de siete millones y medio de personas, la participación más alta desde que el voto dejó de ser obligatorio. El 78% aprobó una nueva constitución. El chileno es soberanista y no conoce la palabra. Quiere decidir sobre su tierra, sus recursos, su futuro. Solo le falta el lenguaje.

La clase política no supo leer ese mandato. El primer bochorno fue el 4 de julio de 2021, en la inauguración de la Convención. Mientras la orquesta entonaba el himno nacional, un grupo de constituyentes y manifestantes lo abucheó y gritó consignas. El acto tuvo que suspenderse. Renato Garín, que estuvo adentro, lo llamó “la Tele-Convención”: un reality show donde el resentimiento reemplazó a la deliberación.

El segundo fue la lápida. El 27 de agosto de 2022, en el cierre de campaña del Apruebo en Valparaíso, el colectivo “Las Indetectables” hizo una performance en la que una persona se sacó una bandera chilena del ano frente a familias con menores de edad. El gobierno de Boric, el alcalde Sharp y el propio comando del Apruebo condenaron el hecho. No importó. La imagen ya estaba. Ocho días después, el Rechazo ganó con 61,86%.

La derecha agregó fake news y bots, sí. Pero la mentira encontró un texto vulnerable, y un espectáculo que le hacía el trabajo. Las dos cosas son verdad. En 2022 ganó el Rechazo. En 2026, Kast. Según La Cosa Nostra, de Alberto Mayol, quienes creen que “Chile despertó” bajaron de 79% a 44%. El malestar no se fue: perdió su cauce.

Lo que no se puede repetir

El gobierno ya mostró hacia dónde quiere ir. Propuso un estado de excepción de 120 días, prorrogable por otros 120, sin revisión del Congreso. Según Cadem, 58% creía que debía retirarlo; hasta sus aliados lo rechazaron, y a principios de octubre lo retiró. Los contrapesos funcionaron. Pero Carl Schmitt dijo que soberano es quien decide sobre la excepción, y una imagen de caos es el mejor argumento para volver a pedirla. En junio lo llamé la “trampa de la indignación”: cada barricada le sirve más al gobierno que a quienes protestan. Sigue siendo verdad. Y las leyes que Kast usa hoy las aprobó la izquierda: la Naín-Retamal, la Antibarricadas. Boric le entregó el arsenal. Kast solo apretó el gatillo.

La desconfianza tiene historia, y no es retórica. Las investigaciones de Josefa Barraza y Carlos Gutiérrez sobre la quema del Metro, y las que documentan a los “intramarchas”, apuntan a infiltración y montajes: grabadores de cámaras golpeados dentro de recintos con llave, once estaciones incendiadas esa noche —varias con minutos de diferencia entre sí—, detenciones en camionetas de arriendo sin logotipo y sin orden judicial. Para esas investigaciones, hay un patrón que la justicia no quiso ver. Varios jóvenes pasaron meses en prisión preventiva y fueron absueltos. En 2019, el Colegio Médico confirmó el aumento de quemaduras químicas y que Carabineros había reconocido usar gas CS mezclado con el agua de los carros lanzaaguas. Un estudio independiente apuntó a soda cáustica. El INDH ofició a Carabineros. Nadie renunció. Mientras eso no se esclarezca, cada desmán le da la razón a quien lo necesita.

El gobierno no autorizó la marcha y reforzó la presencia policial: para protestar hay que pedir permiso; para reprimir, no. A Carabineros y a las Fuerzas Armadas: su lugar está con el pueblo que los paga, no con quienes los usan de escudo. Piñera dijo “estamos en guerra”; el general Iturriaga, jefe de la Defensa en Santiago, dijo que él no estaba en guerra con nadie. La guerra la inventan los que necesitan un enemigo interno.

Por eso no se trata de repetir 2019. Se trata de no darle a Kast la foto que necesita.

El soberanismo

No se trata de repetir 2019. Se trata de no darle a Kast la foto que necesita, y de construir lo que él no puede fotografiar. No queremos tomar la Bastilla: queremos organización. Cabildos, cooperativas, juntas de vecinos, ollas comunes, comités de salud. Eso es lo que llamo soberanismo: la decisión de que el pueblo se gobierne a sí mismo, sin pedirle permiso a nadie. Lo comunitario no se grita: se construye. Y se construye también en lo económico: la cooperativa que produce, la olla común que alimenta, el comité que decide dónde va la plata.

Porque el próximo estallido no debe ser un estallido social. Debe ser un estallido comunitario. El social reclama y espera respuesta. El comunitario construye y no espera nada de arriba. El social se mide por cuántos salen a la calle. El comunitario se mide por cuántos se quedan organizados después de que la calle se vacía. El 18-O no es un punto de llegada, es un punto de partida.

La pregunta no es si habrá otro estallido, sino de qué estará hecho: de fuego y capucha, que es lo que el gobierno espera, o de comunidad organizada y soberana, que es lo que no puede convertir en foto.

En 2026, lo que más le duele a Kast no es el fuego. Es una comunidad que ya no se deja provocar y que, mientras tanto, se organiza.