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Pilar Veas Gálvez El Presupuesto 2027 llegó al Congreso con una tijera y un cronómetro. Propone dejar sin financiamiento a «Yo elijo mi PC» y poner fecha al cierre de Prodemu, la fundación de apoyo a las mujeres. El Servel advierte que sus recursos no alcanzan para preparar el próximo ciclo electoral. Hacienda habla de prioridades. Precisamente: el partido consiste en decidir cuáles y a costa de quiénes. A la disputa por los montos se suma otra por las reglas: el fiscal nacional advierte que las condiciones para gastar podrían comprometer la autonomía de la Fiscalía, el Servel y la Contraloría. También se juega quién puede controlar a quién.
Ya hubo una primera atajada. La Cuarta Subcomisión rechazó los fondos propuestos para el Servel: estaban un 12% por debajo de lo solicitado. Tres votos en contra, uno a favor y una abstención: la del RN Eduardo Durán. Pero no conviene celebrar antes de tiempo. Rechazar esos recursos no significa reponerlos. El balón sigue en juego.
Para entender el resto del encuentro hay que levantar la vista. En la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, la derecha suman 15 de sus 26 integrantes. Nueve pertenecen a RN, UDI y Evópoli; seis, al espacio republicano y libertario, incluido el independiente Rodolfo Carter. La oposición reúne diez y el PDG, uno. Todo parece indicar que el Gobierno entra a la cancha con los números a su favor.
La derecha tiene los números, pero falta saber quién conduce la jugada. Macaya ya se abrió a revisar la eliminación de «Yo elijo mi PC»; habrá que ver si esas objeciones se convierten en condiciones para entregar los votos o quedan como declaraciones para la galería. La distancia entre ambas cosas se mide en recursos, no en decibeles.
Este presupuesto mostrará cómo quiere jugar la derecha clásica: si RN y UDI, junto con Evópoli, están dispuestos a condicionar su respaldo o si prefieren acompañar las prioridades del Gobierno. No necesitan cambiar de camiseta para discutir la táctica, pero si terminan respaldando los recortes, tendrán que defenderlos como una decisión propia y no como una imposición ajena.
El primer tiempo ya está en marcha y se juega en las subcomisiones. En la Primera, donde se revisan, entre otras, las partidas de Desarrollo Social y Mujer, RN y Evópoli tienen tres de cinco puestos. Allí se discutirá la propuesta de cerrar Prodemu. No hay un solo republicano en esa mesa: la derecha convencional no podrá atribuir su posición a una mayoría ajena. En la Segunda, el foco se estrecha sobre Macaya. Defensa y Contraloría se discutirán entre dos representantes del espacio republicano, dos opositores y el senador UDI. Si esos pares se mantienen alineados, su voto puede convertir un dos contra dos en mayoría. Aquí no bastará con pedir que los demás dialoguen: tendrá que decidir qué respalda y bajo qué condiciones.
Pero no todas las jugadas necesitan un pase de la derecha convencional. En la Tercera, que examina Salud, Trabajo y Ministerio Público, dos republicanos y un libertario pueden reunir tres de cinco votos sin la UDI. Allí conviene mirar al representante del partido de Kaiser: si acompaña a los republicanos, la mayoría puede formarse sin el socio tradicional.
La Cuarta concentra Educación, Cultura y Servel: tres oficialistas, dos opositores y el PDG. Provoste preside, pero no tiene asegurada una mayoría. La abstención de Durán y el voto del PDG contra los fondos propuestos al Servel ya mostraron que la alineación no es automática. ¿Se repetirá esa distancia al discutir los computadores y los recursos culturales?
En la Quinta, en cambio, la oposición puede reunir tres de cinco votos, incluido Bianchi, para discutir Obras Públicas, Transportes y otras partidas. Tiene una ventaja para disputar las prioridades de inversión. Pero lo acordado deberá pasar por la comisión general, donde las derechas recuperan su mayoría. Ganar una jugada no equivale a ganar el partido.
Este primer tiempo terminará en la comisión general; el segundo se jugará en noviembre, cuando el presupuesto pase a las salas de la Cámara y el Senado y deban resolverse las diferencias que surjan entre ambas. Todo dentro de los 60 días contados desde la presentación del 30 de septiembre: hasta finales de noviembre. No son dos meses para cada etapa, sino para despachar el presupuesto completo.
Y el reloj no corre igual para todos. El Congreso puede reducir gastos, salvo los fijados por ley permanente, pero necesita al Ejecutivo para aumentar las asignaciones propuestas. Si no despacha el proyecto dentro del plazo, rige el presentado por el Presidente. Hacer tiempo no es una estrategia para recuperar los computadores: puede dejar intacta la propuesta que los elimina. Por eso, lo decisivo no será cuántas veces la derecha convencional levante la voz, sino qué haga con sus votos antes del pitazo final. La oposición puede disputar cada jugada; el Gobierno conserva la ventaja del reglamento. Pero RN, UDI y Evópoli tienen suficiente peso para que, al terminar el partido, no puedan presentarse como simples espectadores del resultado.
Por Pilar Veas Gálvez
Doctora(c) en Ciencias Sociales, UDPDescubre más historias, noticias y opiniones de nuestra comunidad.
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