Análisis critico de la ley 21.309

Me refiero a la Ley N° 21.309, vigente desde 2021, que permite a los afiliados certificados como enfermos terminales —con un pronóstico de vida inferior a 12 meses— acceder de forma anticipada a una pensión temporal y, si corresponde, a un excedente de libre disposición. La ley la llama "beneficio", pero conviene llamarla por su nombre correcto: es la autorización, tardía y condicionada, para que una persona use su propio ahorro previsional.

El problema no es que esta ley exista, sino su alcance real. Según cifras oficiales de la Superintendencia de Pensiones y de la Asociación de AFP, entre abril de 2021 y noviembre de 2022 accedieron al mecanismo 2.415 personas por todo tipo de enfermedad terminal, un promedio de alrededor de 1.526 al año. Comparada solo con la mortalidad anual por cáncer en Chile —cerca de 31.000 personas—, la cobertura efectiva no llega al 5%. Dicho de otro modo: por cada 100 personas que mueren de cáncer en un año, menos de 5 alcanzaron a retirar el dinero que, por ley, ya era suyo.

¿Por qué tan pocas? La respuesta está en el diseño mismo del trámite. El afiliado o un familiar debe solicitar personalmente el certificado a un médico tratante —la ley no se activa de oficio, ni existe una campaña pública que la difunda—. Ese médico y el director del establecimiento deben firmarlo, y el documento vence a los tres meses. Luego hay un plazo máximo de diez días hábiles para entregarlo a la AFP: si se excede, la solicitud se rechaza y hay que volver a empezar. Recién entonces interviene el Consejo Médico de la Superintendencia de Pensiones, con cinco a diez días hábiles adicionales para resolver. En el escenario más favorable, el proceso completo toma entre tres y cuatro semanas.

Esas semanas son, para muchas familias, un lujo que no tienen. Y ahí aparece la traba más silenciosa: el trámite exige una relación clínica ya consolidada con un médico tratante, algo que supone haber tenido acceso oportuno a diagnóstico y seguimiento. Pero en el sistema público, la mediana de espera para una primera consulta de especialista y una cirugía suma cerca de 514 días —más de un año y medio— antes de iniciar el tratamiento oncológico propiamente tal. Un paciente Fonasa puede cruzar el umbral de "menos de 12 meses de vida" mientras todavía espera ser visto por primera vez, sin el médico tratante que la ley le exige para certificarse.

Esa desigualdad está documentada en estudios chilenos revisados por pares. La sobrevida a cinco años del cáncer colorrectal es de 65% a 68% en pacientes Isapre y de solo 39% a 47% en pacientes Fonasa. En cáncer de mama, la letalidad promedio casi se duplica entre un sistema y otro. Quien tiene los medios para atenderse en el sector privado suele resolver su diagnóstico y tratamiento en semanas; quien depende del sistema público puede demorar más tiempo solo en ser visto que lo que a otro le tomó, completo, desde el diagnóstico hasta la remisión. Es la clase media baja y la clase baja —la que más necesita disponer de su propio ahorro antes de llegar al último umbral— la que en la práctica queda fuera de esta ley. No porque la excluya expresamente, sino porque su diseño no considera los tiempos reales del sistema en el que esas personas se atienden.

Nada de esto se discute públicamente. No hay campaña de difusión, no hay cifras trimestrales abiertas y comparables, y la propia palabra "beneficio" oculta que se trata del dinero propio del cotizante, no de una dádiva estatal. Mientras tanto, familias enteras enfrentan la enfermedad terminal de un padre, una madre, un hijo o una hija sin saber que ese derecho existe o, sabiéndolo, sin lograr ejercerlo a tiempo.

Le escribo, señor Director, para solicitar un espacio en sus páginas donde este tema pueda llegar a más personas. No pido caridad para nadie: pido que se conozca un derecho que hoy opera casi en secreto, y que se abra la conversación pública sobre por qué una ley pensada para aliviar el final de la vida termina, para la gran mayoría, llegando demasiado tarde.

Atentamente,

Javier Alejandro Arriagada Lagos
950436574
elias fernandez albano 8757
San Ramón, Región Metropolitana

NOTA;
Escribo esto desde la periferia de Santiago, donde la distancia entre lo que la ley promete y lo que la gente realmente alcanza a usar se ve todos los días. Trabajé más de una década en el Poder Judicial y en la Fiscalía de Chile, y esa experiencia me dejó una costumbre que no he podido dejar: cuando un vecino tiene un problema legal, trató de orientarlo, aunque sea con lo básico.

Por eso conocí de cerca lo que le pasó a Maricarmen. Tenía 49 años cuando murió. Como le ocurre a tantos en este sector, llegó al final de su enfermedad sin saber que la Ley 21.309 existía, y cuando alguien finalmente se lo mencionó, ya no le quedaban ni el tiempo ni las fuerzas para pelear contra un trámite que exige un médico tratante consolidado, plazos de diez días hábiles y papeles que hay que perseguir mientras el cuerpo se apaga. El dinero que había ahorrado toda su vida, en su AFP, se quedó ahí. No por falta de derecho, sino por falta de información y de una institucionalidad que la acompañara en el momento en que más lo necesitaba.

Casos como el de Maricarmen no aparecen en ninguna estadística oficial. No es una "solicitud rechazada"; es, simplemente, una persona que nunca llegó a postular. Y sospecho que en cada barrio periférico de Chile hay una Maricarmen distinta, con otro nombre, pasando ahora mismo por lo mismo.