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No podríamos decir que la expresidenta sea precisamente una intérprete de la voluntad popular, si no que más bien es una hábil amortiguadora de voluntades contradictorias, capaz de navegar en aguas turbulentas, pero sin explicitar el rumbo y, de hecho, ajustándolo en la medida de lo posible. Sin embargo, la coyuntura actual exige de la izquierda proyectos de gobierno con voluntad de transformación real y propuestas claras. No sirven los “paso” ni las respuestas evasivas ante una población desafectada y decepcionada por los gobiernos progresistas.
Mucho se habla sobre el efecto político de las cuatro palabras pronunciadas por la expresidenta Michelle Bachelet, hoy, aparentemente precandidata para las elecciones de 2030. Me parece que el efecto es natural dado su peso dentro de la política nacional, como personalidad capaz de aunar voluntades políticas, pero además, por lo que significó en términos de avances sociales su segundo gobierno. No debemos menospreciar que a pesar de las limitaciones, llevó adelante medidas que la derecha política y económica consideran imperdonables como la, ahora proscrita, reforma impositiva, la reforma al sistema de educación, la gratuidad universitaria y el fin del sistema binominal. El tamaño de los logros obtenidos, incluso hacen palidecer a lo alcanzado durante el timorato gobierno de Gabriel Boric, oportunistamente opositor ferviente por izquierdas de Bachelet durante aquellos años.
Me parece correcto comenzar haciendo este rescate porque sirve para entender tanto el miedo que despierta en los sectores reaccionarios, como la esperanza que despierta en sectores progresistas y de izquierdas. Sin embargo, no debemos perder de vista que los logros aquí mencionados fueron una condensación de un clamor popular que subía un peldaño como expresión de la crisis social y política, y que hasta el 2021 se tradujo en una acumulación de una hegemonía de las ideas de izquierdas. Con todas sus limitaciones, el gobierno de la Nueva Mayoría tuvo cierta vocación de gobierno popular, en cuanto vehículo de las demandas que se hicieron sentir con mayor fuerza desde el 2011.
No pretendo extenderme en ello, pero con todo lo anterior, el gobierno fue insuficiente para el reclamo sentido de la población. La reforma educacional no logró los niveles de financiamiento necesarios para una política de recuperación de la educación pública, la gratuidad se alejaba de una reforma estructural del sistema de educación superior público, gratuito y de calidad, la reforma tributaria no movió suficientemente la aguja del carácter regresivo de nuestro sistema impositivo. Además, pesan también los aspectos ausentes de su política como la reforma al sistema de pensiones o al de salud pública.
Bien, se dice que la política es el ejercicio de lo posible, por lo que puede argumentarse en su defensa que las mayorías logradas no fueron suficientes o las dificultades ocasionadas por los propios cuadros de la propia coalición. Con todo, el correcto análisis político de la expresidenta como figura nos debe hacer mirar este gobierno y sus efectos al día de hoy, con el prisma de la crisis política en la que estamos sumidos. Los problemas que atravesó su gobierno no solamente guardan relación con los logros no alcanzados, sino que también por un fuerte deterioro de su figura debido a los problemas de corrupción que la rondaron, el peor de ellos, el caso Caval. Pero, ello se inscribe dentro del marco que debemos considerar en este debate, el de su figura de representante de una propuesta de poder que decepcionó a un pueblo que clamaba por una transformación de su realidad.
No se me debe malentender, como si yo pensara que la población chilena clama por una transformación por izquierdas. Sin embargo, la población chilena sí busca transformaciones de su realidad, lo cual se ha constatado en estudios como el del PNUD. Son diversos los autores que hablan de la actual crisis política, que no solamente nos atraviesa a nivel local. Solo por mencionar a dos, tanto Mayol en su análisis del malestar social como García Linera con su tiempo liminal, nos hablan de formas distintas sobre la búsqueda de la población de un cambio, que le logre dar sentido a la existencia de la institucionalidad, o incluso a su propia existencia. La hegemonía, o dicho de otro modo, el sentido del progreso, permanece indefinido y la disputa por fijar el rumbo de la brújula es lo que hoy define la política y explica, de cierto modo, la alternancia en el poder que hemos venido experimentando hace 16 años en Chile. Ello trae aparejado fenómenos que observamos como el rápido fin de la luna de miel de los gobiernos y la subsecuente búsqueda por una alternativa cuando el proyecto no convence. No obstante, no debemos pensar que esto ocurre de manera mecánica o acrítica, ya que hay referencias como Morena en México que muestra la legitimación de un proyecto de gobierno en su ejercicio. Así mismo, no es lo mismo la derrota sufrida por Cepeda, sucesor de Gustavo Petro en Colombia, que la de Jeannette Jara, sucesora de Boric aquí, donde la primera no se podría tildar de derrota política, cuando lo que tuvimos aquí sí lo fue.
Algunas de las preguntas que, me parece, nos podrían ayudar a ir delineado qué es lo que distingue a un caso de otro son: ¿cuánto mejoró la situación de las grandes mayorías durante el gobierno? Asociada a esta pregunta viene su complemento, ¿qué lectura hace la población de las razones que explican los límites de dicha mejoría? Y por último, como corolario de ambas preguntas, ¿son creíbles los caminos que ofrece un nuevo proyecto de gobierno para la superación de dichos límites, expandiendo así las mejoras ya conseguidas? A modo de ejercicio, usando las primeras dos preguntas podemos criticar directamente el gobierno liderado por Gabriel Boric, donde, sumado a las condiciones adversas para poder gobernar y que efectivamente frenaron posibles reformas; su renuncia explicitada a las banderas que lo llevaron a ser presidente diluyó por completo el sentido de su estancia en el poder, y de pasada, el de cualquier proyecto progresista. Habiendo desaprobado las dos primeras preguntas, aprobar la tercera se hace prácticamente imposible.
Ahora, volviendo a la expresidenta Bachelet el escenario que se plantea es el siguiente. En primer lugar, según la encuesta de La Cosa Nostra, como figura presidencial durante su segundo mandato, hoy ella cuenta con una nota 4,0 (del 1 al 7), solamente superando a Boric (3,8), Allende (3,6), Pinochet (3,3) y Kast (3,0). Nuevamente, a pesar de sus pergaminos y de la valoración que se le tiene desde las izquierdas, su figura sigue afecta a la deslegitimación de la política contingente. Es que, en cuanto a representante de una alternativa que transforme la realidad de la población chilena, no tiene mucho por donde generar esta expectativa. De hecho, sin quitarle que su alternativa de cara a la ONU tiene un valor como defensora de los derechos humanos, esto solamente tuvo algún carácter disruptivo por la calaña del presidente Trump, que hace ver lo moderado como revolucionario (hay que ver cómo Pedro Sánchez se beneficia de esto en España). Pero, la verdad es que el mero hecho de que la expresidenta haya sido carta seria para presidir la ONU, se debe a su imagen de moderación y casi imparcialidad higiénica dentro de la batalla por la hegemonía que define a las políticas nacionales e internacional contingentes. Eso, que puede estar bien para posicionarse en un organismo internacional, no sirve para disputar la política en un país.
En este sentido, no podríamos decir que la expresidenta sea precisamente una intérprete de la voluntad popular, si no que más bien es una hábil amortiguadora de voluntades contradictorias, capaz de navegar en aguas turbulentas, pero sin explicitar el rumbo y, de hecho, ajustándolo en la medida de lo posible. Sin embargo, la coyuntura actual exige de la izquierda proyectos de gobierno con voluntad de transformación real y propuestas claras. No sirven los “paso” ni las respuestas evasivas ante una población desafectada y decepcionada por los gobiernos progresistas.
Las banderas, que siguen siendo las mismas de hace 7 años (dignidad), necesitan volver a izarse en alto y a pronunciarse como una posibilidad cierta. Más aún, cuando el gobierno que debía sostenerlas y defenderlas, terminó desdibujándose al sentarse “en el sillón de O'Higgins”, renunciando al tener la guitarra en mano. Volviendo a las tres preguntas que antes proponía, una nueva propuesta de izquierdas necesita 1) hacerse cargo de dicha renuncia posicionándose críticamente ante ella, 2) volver a señalar a quienes frenan los avances en el bienestar de nuestra población, que es la clase rentista de nuestro país en connivencia con el imperialismo norteamericano y 3) debe plantear una transformación posible y creíble que aborde las carencias más sentidas de la población en salud, vivienda, educación, pensiones y endeudamiento, pero que, además, modifique las bases deslegitimadas sobre las que se erige el neoliberalismo chileno: la privatización de servicios básicos y de nuestros recursos naturales, la debilidad institucional de lo público y de la asociatividad entre trabajadoras y trabajadores y la falta de un proyecto de desarrollo nacional. La expresidenta Bachelet no es la persona adecuada para esta tarea.
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