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Analizando lo sucedido, no cabe duda cierta frivolidad político-estratégica por parte del gobierno de José Antonio Kast.
Lo que parecía ser la esperanza de un cambio real para aliviar la economía en buena manera, el gobierno la esfumó a través de la división del movimiento.
La encuesta
Criteria de esta semana arroja un 18% de aprobación para el presidente José
Antonio Kast, justo días después de vivirse el primer gran paro con corte de rutas
en nuestro país, iniciado el martes por transportistas pequeños, medianos e
independientes y seguido por algunos buses interprovinciales y el Movimiento No
+ Tag, adheridos a las pocas horas. La demanda central era disminuir el precio
de los combustibles, los cuales desde marzo a la fecha se han incrementado en
casi $400 y más de $600, para las bencinas y diésel, respectivamente.
Si bien el
gobierno le bajaba el perfil y parecía arrojar más bencina al fuego, al retirar
la propuesta para limitar en $20 por litro las futuras alzas de combustibles
por 90 días y anunciar su incremento entre los $39 y $42 para ese jueves, a las
manifestaciones también se sumó la sociedad civil con cacerolazos nocturnos, más
transportistas, otros buses interurbanos, furgones escolares e incluso
colectiveros, junto con radicalizarse los cortes de rutas. Aquello despertó las
alarmas y, aprovechando que se habían sumado a la movilización la Confederación
Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), Confederación Nacional de Transporte de
Carga (CNTC) y Federación de Dueños de Camiones de la Quinta Región
(Fedequinta) -adicional a la Asociación
Nacional de Buses Interprovinciales, Internacionales e Industriales, que era el
único gran gremio desde el inicio- los convocaron para el día siguiente a la
mesa de negociaciones, comenzando a aplicar la vieja estrategia de “Divide y
vencerás”.
Con tales
gremios -donde la gran mayoría de ellos no estuvo desde el inicio- logran
pactar el fin de las movilizaciones a cambio de: (I) Congelar las tarifas de
combustibles hasta el 31 de marzo de 2027 -lo que recientemente se amplió al 7
de abril-; (II) Rebajar el precio únicamente del diésel en $100, además de
revertir su alza de $42 -totalizando $142- y la de las bencinas en $39 a contar
de este jueves 19; (III) Aumentar el porcentaje de devolución del impuesto
específico al diésel según las ventas anuales fijadas en UF; (IV) Acrecentar la
recuperación de peaje para buses, subiendo del 35 a 70%; y (V) Eliminar la
obligación para los transportistas de enterar el débito en el F29 por el
impuesto específico cuando este es negativo, generando una cuenta de
compensación, y se compensa una vez que se genere impuesto específico positivo.
Dicho
consenso fue un durísimo golpe para el movimiento, al fragmentarlo en 2 bandos:
A favor y en contra del acuerdo. Quienes se negaban a cesar la paralización,
alegaron falta de representatividad y llamaron a seguir movilizados hasta
conseguir rebajas del impuesto específico y disminuciones transversales en el
precio de combustibles, no obstante, la división causada fue tal, que a menos
de 24 horas del acuerdo ya todo se dio por finalizado.
Analizando
lo sucedido, no cabe duda cierta frivolidad político-estratégica por parte del
gobierno de José Antonio Kast, pues: (A) Deciden sentarse a dialogar de buena
forma solo con gremios fuertemente constituidos y que estaban dispuestos a
negociar más fácilmente; (B) Ignoraron por completo a transportistas pequeños,
medianos e independientes, tildándolos indirectamente como “individuos de poco
peso”; (C) Omitieron deliberadamente la solicitud ciudadana de disminuir todos
los combustibles y no solo el diésel; y (D) Dieron soluciones que generan
incertidumbre, pues no se asegura evitar un nuevo bencinazo tras el
descongelamiento del incremento de los combustibles.
Si bien la
estrategia empleada pareciera darles resultados momentáneos, nada asegura que
una eventual movilización no vuelva a ocurrir con mayor fuerza, ya que la
sociedad enfrenta un escenario de creciente asfixia económica por la recesión
económica confirmada por el ministro Quiroz, está preocupada por la creciente
cesantía que ya bordea el 10% , tiene temor por un nuevo bencinazo y molesta
por ser a quienes se les pide apretarse el cinturón, mientras los
parlamentarios rindieron más de 262 millones de pesos en combustible entre los
meses de marzo y mayo del presente año, habiendo casos como el del senador
Carlos Kuschel (RN), quien rindió $5.032.016
asociado a tal ítem, y el de la diputada Carolina Tello (Frente Amplio)
-encabezando la lista de la cámara baja- con $3.659.177 rendidos durante el
mismo período.
Javier Osorio O.
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, UAH.
Exdirigente estudiantil universitario.
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