EL PEZ CHICO Y LA IMPUNIDAD MAYOR

En Chile ya conocemos la obra de memoria: cuando estalla el escándalo por indultos, todos los reflectores apuntan al ministro de turno, se le cita, se le interroga, se le reclama como si la decisión hubiera salido de su puño y letra. Y así, entre todo ese ruido, se logra lo que realmente buscan, que nadie pregunte quién dio la orden, que nadie exija cuentas al verdadero responsable, que nadie mire al centro del estanque, donde el pez grande sigue nadando tranquilo.

No vengo aquí a defender a ningún ministro; no es mi interés ni mi deber. Lo que digo es mucho más sencillo: el Gobierno es uno solo y quien lo dirige es el presidente. Los decretos llevan su nombre. La decisión final es suya. El ministro solo ejecuta lo que el presidente, como cabeza del Gobierno, le ha ordenado. Entonces, ¿por qué convertimos al que cumple la orden en el gran culpable, y al que la dicta lo dejamos como un nombre lejano, casi intocable?, la decisión nace arriba, no abajo

Los indultos se emiten "por orden del presidente de la República". Esa frase no es un formalismo, es la verdad. La facultad de indultar reside en quien preside el Gobierno. El ministro de Justicia no decide por su cuenta; no tiene la atribución de conceder estos beneficios sin que vengan de la autoridad máxima. Es el Gobierno en su conjunto, bajo la dirección del presidente, quien define a quién se indulta y a quién no.

Cuando el presidente Kast, desde que asumió el 11 de marzo de 2023, dispuso indultos a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, fue su decisión; esto no fue un error de un funcionario, no fue una iniciativa aislada de un ministro, fue la política de su Gobierno, fue su firma, fue su responsabilidad y es ante el Congreso que debería rendir cuentas, no ante quien solo tramitó lo que desde arriba se mandó.

Quienes dicen que no se puede acusar al presidente mienten; la Constitución lo dice claro en su artículo 52, n.º 2, letra a):

Corresponde a la Cámara de Diputados declarar si ha lugar la acusación contra el presidente de la República por:

"Actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, o infringido abiertamente la Constitución o las leyes."

¿Y no es esto, precisamente, lo que ha ocurrido? Indultar a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad infringe abiertamente la Constitución. El Artículo 5° establece que los tratados internacionales ratificados por Chile son obligatorios. La Convención Americana de Derechos Humanos prohíbe tajantemente indultos, amnistías o cualquier medida que impida sancionar estas violaciones. La Corte Interamericana ha sostenido una y otra vez: el Estado no puede, por medio de sus propias leyes, sustraerse del deber de investigar y castigar estos crímenes.

Esto no es una discusión técnica, es la ley superior del país, que el Gobierno debe respetar y el presidente está obligado a cumplir. Cuando se indulta en contra de todo eso, no se ejerce una facultad, se la sobrepasa y la Constitución contempla exactamente este caso para que el Congreso actúe y para eso, no falta norma, falta voluntad de aplicarla donde duele.

El Ejecutivo no es un conjunto de piezas sueltas donde cada uno hace lo que quiere, es un cuerpo dirigido por el presidente, los actos de sus ministros son actos del Gobierno, y la responsabilidad última recae en quien lo preside, si la decisión está mal, el responsable principal es quien la tomó; si hay que pedir explicaciones, hay que pedírselas a quien tiene la facultad de decidir.

Lo que no puede ser es que el Congreso monte un juicio mediático contra el colaborador de turno, y al responsable de la decisión lo trate con prudencia, con miedo, con excusas sobre "no generar crisis institucional". ¿La crisis institucional es juzgar al que manda, pero no lo es, dejar sin respuesta a las víctimas? ¿Es crisis pedir que se cumpla la Constitución, pero no lo es cuando se pisotea?. Nos dicen que acusar al presidente es algo demasiado grave, demasiado riesgoso. Curioso: no les pareció riesgoso montar todo un operativo de prensa contra el ministro, ahí sí hubo tiempo, interés y valentía. Pero cuando se trata de mirar arriba, de pronto todo es delicado, complejo, impredecible.

La verdad es dura pero simple, la herramienta existe, la Constitución la entrega, el derecho internacional la respalda, lo que falta no es capacidad legal, es decisión política de señalar a quien realmente tiene la responsabilidad mayor y mientras el Congreso siga apuntando solo hacia abajo, no nos engañemos, no está fiscalizando, está protegiendo y el que queda protegido es el Presidente.