La solidaridad no reemplaza al Estado.

Hay algo que siempre me ha parecido admirable de los chilenos. Cuando ocurre una tragedia, la solidaridad aparece de manera casi inmediata. No importa si se trata de un terremoto, un incendio forestal, un aluvión o una inundación; siempre surgen personas dispuestas a ayudar sin preguntar quién recibirá esa ayuda ni cuánto tiempo demandará reconstruir lo perdido. Esa capacidad de organizarse y colaborar dice mucho de nosotros como sociedad y constituye, probablemente, una de nuestras mayores fortalezas.

Precisamente por valorar esa solidaridad es que me parece necesario hacer una distinción que, a mi juicio, resulta fundamental. Una cosa es que las personas decidan colaborar voluntariamente con quienes atraviesan momentos difíciles. Otra muy distinta es que el Estado comience a descansar, aunque sea parcialmente, en esa solidaridad para cumplir responsabilidades que le pertenecen por definición.

La creación del Fondo Nacional de Reconstrucción, anunciada por el Gobierno tras los recientes temporales que afectaron gravemente a las regiones de Atacama y Coquimbo, vuelve a instalar esa discusión. La iniciativa contempla aportes de personas y empresas, beneficios tributarios, ejecución de proyectos por privados y una plataforma destinada a transparentar el uso de los recursos. Desde luego, nadie podría objetar que existan mecanismos que faciliten la colaboración ciudadana ni tampoco que se incorporen herramientas destinadas a garantizar la trazabilidad de los aportes.

La pregunta, sin embargo, no pasa por ahí.

Lo que corresponde preguntarse es si la reconstrucción de infraestructura pública, viviendas, caminos y servicios esenciales debe depender, aunque sea en parte, de campañas de donación y aportes privados, cuando precisamente para enfrentar ese tipo de contingencias existe un Estado que recauda impuestos y administra recursos públicos.

No deja de llamar la atención que esta discusión aparezca precisamente bajo un gobierno que históricamente ha sostenido una visión donde el Estado debe reducir su tamaño y abrir mayores espacios a la iniciativa privada. Esa posición es perfectamente legítima dentro del debate democrático. Lo que también resulta legítimo es preguntarse cuáles son las consecuencias prácticas de esa manera de entender el rol estatal.

Cuando observo esta discusión, inevitablemente recuerdo un episodio de nuestra historia que nunca terminó de aclararse por completo.

El 19 de septiembre de 1973, apenas ocho días después del golpe de Estado, la dictadura lanzó la campaña "Comprométase con Chile", inserta dentro del discurso de la llamada Reconstrucción Nacional. Se invitó a las familias chilenas a entregar anillos de matrimonio, joyas, monedas de oro y otros objetos de valor en nombre del patriotismo y del sacrificio que exigía el momento que vivía el país. A quienes colaboraban se les prometía una sencilla argolla de cobre o un distintivo conmemorativo como símbolo de ese aporte.

La convocatoria no quedó limitada a las familias. Mediante el Decreto Ley N.º 45 también se llamó a comerciantes, industrias, bancos y grandes empresas a realizar donaciones en dinero, maquinaria, materias primas e incluso mano de obra, ofreciendo a cambio importantes beneficios tributarios.

Hasta ese punto los hechos son ampliamente conocidos; lo que sigue siendo una incógnita es el destino final de esos recursos.

Después de más de cinco décadas todavía no existe una rendición pública completa que permita saber cuánto oro fue efectivamente recibido, cuál fue el monto total de las donaciones, cómo se administraron esos bienes ni qué porcentaje terminó financiando la reconstrucción que entonces se anunciaba. Esa ausencia de información fue posible porque el país vivía bajo una dictadura que había eliminado prácticamente todos los mecanismos de control democrático y de rendición de cuentas.

Por supuesto, sería incorrecto sostener que el Chile de hoy es comparable con el de 1973. Actualmente existen instituciones fiscalizadoras, normas de transparencia, acceso a la información pública y una ciudadanía mucho más empoderada. Las diferencias son evidentes y sería intelectualmente deshonesto desconocerlas.

Sin embargo, reconocer esas diferencias no impide advertir que ciertas ideas pueden reaparecer bajo nuevas formas.

La discusión de fondo no consiste en comparar dos épocas completamente distintas, sino en preguntarnos cuál debe ser el papel del Estado cuando una catástrofe golpea al país.

Porque una cosa es incentivar la solidaridad, otra muy distinta es diseñar políticas públicas que asuman que esa solidaridad terminará financiando una parte de las obligaciones estatales.

Quienes trabajamos hace años en los territorios sabemos que las comunidades siempre están dispuestas a colaborar. Lo he visto en localidades rurales, en juntas de vecinos, en organizaciones comunitarias, en clubes deportivos y en agrupaciones de adultos mayores. Cuando el Estado no alcanza, son precisamente esas organizaciones las primeras en responder. Lo hacen porque comprenden que la ayuda no puede esperar.

Pero también saben algo que pocas veces aparece en el debate público.

La solidaridad nace de las personas.

La responsabilidad nace del Estado.

Confundir ambas cosas termina trasladando lentamente responsabilidades públicas hacia la ciudadanía, y esa discusión merece darse con absoluta honestidad.

No se trata de cuestionar la buena fe de quienes donan ni de quienes administran esos recursos. Tampoco desconocer que la colaboración público-privada puede resultar útil en determinadas circunstancias. El verdadero debate consiste en determinar hasta dónde llega esa colaboración y desde qué punto comienza una obligación que el Estado no puede delegar, porque detrás de cada decisión presupuestaria existe una determinada concepción política y detrás de cada beneficio tributario también existe una definición sobre quién finalmente financia las políticas públicas.

José Antonio Kast ha defendido durante años una visión donde el sector privado adquiere un protagonismo creciente y el Estado reduce progresivamente su intervención. Esa definición política es conocida y forma parte del debate democrático. Precisamente por eso el Fondo Nacional de Reconstrucción no puede analizarse como una medida aislada, sino como una expresión coherente de una determinada forma de entender el país.

Cada lector tendrá su propia opinión sobre esa visión.

La mía nace desde la experiencia de haber recorrido comunidades donde la solidaridad nunca ha faltado, pero donde también he comprobado que ninguna comunidad puede reemplazar indefinidamente aquello que corresponde garantizar al Estado.

La solidaridad es una virtud que debemos cuidar.

El Estado es una institución que debemos exigir.

Cuando ambas funciones comienzan a confundirse, el riesgo no es únicamente administrativo ni presupuestario. Es político. Porque poco a poco dejamos de preguntarnos qué debe hacer el Estado y comenzamos a conformarnos con aquello que la buena voluntad de las personas logra cubrir.

Por eso creo que recordar la campaña "Comprométase con Chile" no significa afirmar que la historia se repite ni establecer equivalencias simplistas entre dos momentos completamente distintos. Significa, simplemente, ejercer la memoria como una herramienta para comprender el presente. La historia no vuelve exactamente igual, pero suele dejar señales que conviene reconocer antes de que pasen inadvertidas.

Cada lector sacará sus propias conclusiones.

La mía es sencilla.

La solidaridad siempre será una de las mayores riquezas de Chile y merece todo nuestro reconocimiento. Pero precisamente porque nace de la libertad y del compromiso de las personas, nunca debería transformarse en el reemplazo de una obligación que corresponde al Estado asumir plenamente. Cuando eso ocurre, ya no estamos discutiendo únicamente cómo reconstruimos un país después de una emergencia; estamos definiendo, quizás sin advertirlo, qué Estado queremos construir para las próximas generaciones.