Ni la tómbola ni la selección tocan el aula

El 23 de junio de 2026, el gobierno de José Antonio Kast ingresó al Congreso un proyecto de ley (Boletín 18389-04) que permite a los colegios con sobredemanda seleccionar parte o la totalidad de sus vacantes por mérito académico, entrevistas y afinidad con el proyecto educativo, bajo el nombre de “Elección Mutua”. Se presenta como respuesta a la frustración de las familias con el sorteo centralizado. Pero el propio sistema que se busca erosionar había logrado, según los datos oficiales de 2025, la segregación socioeconómica más baja en dos décadas. Las cuotas que el proyecto promete —20% de estudiantes prioritarios y 10% con necesidades educativas especiales permanentes— no alcanzan: un estudio de la UC advierte que quedan bajo el umbral que genera integración y que la reforma frenaría o revertiría una desegregación que tomó una década construir. Reintroducir la selección no mejora los aprendizajes: solo devuelve a los colegios la potestad de escoger a quién educar.

No es un dato menor que quien impulsa esta reforma haya sido, durante sus dieciséis años como diputado, un opositor persistente de la Ley de Inclusión Escolar que hoy busca reescribir. No es una ocurrencia técnica: es un proyecto político, y obliga a preguntarse quién gana cuando el mérito reemplaza a la regla pública y ciega. El exministro Harald Beyer, no un crítico del mercado en educación, advirtió que el mecanismo puede abrir una puerta difícil de fiscalizar.

Pero la tómbola tampoco es la respuesta. Controlar o liberalizar son dos caras de una misma moneda: ambas fórmulas esquivan la pregunta de fondo, las condiciones materiales del aula. El sorteo decide quién entra, no lo que ocurre después: con cuántos estudiantes por sala, con cuántas horas no lectivas, con qué apoyo profesional.

Lo digo también desde mi propia experiencia como docente. He defendido programas técnicos bien intencionados que, en nombre del aula, terminaron alimentando la periferia institucional. Es el síntoma de un sistema que ha aprendido a medirlo, regularlo o liberalizarlo casi todo, pero que sigue teniendo enormes dificultades para transformar las condiciones concretas donde ocurre el aprendizaje.

Habrá quienes argumenten que el control y las pruebas estandarizadas aseguran la calidad. Pero la obsesión por medir termina aniquilando aquello que no cabe en un puntaje. Lo que no se mide simplemente no existe para el sistema. Y cuando decretamos la inclusión sin las condiciones materiales que la sostengan, o la desmontamos en nombre de la libertad de elegir, ejercemos una forma de gatopardismo: todo cambia en el papel para que la exclusión permanezca intacta en el aula.

Ese gatopardismo tiene una base concreta que lo sostiene: durante décadas, Chile construyó un sistema de supravigilancia —Agencia de Calidad, Superintendencia, Servicios Locales de Educación— que produce normativas y reportes de manera incesante. Esta lógica, que la literatura identifica con la Nueva Gestión Pública, impone la rendición de cuentas como mecanismo de control: la periferia institucional decide y el centro pedagógico obedece, mientras el tiempo escolar se diluye en llenar planillas.

Los resultados del SIMCE 2025 lo confirman, aunque no del modo en que suele repetirse. El sistema recuperó, en promedio, los niveles previos a la pandemia. Pero bajo ese titular hay grietas: la brecha de género en Matemática se amplió, y 8° básico, medido por primera vez desde 2019, registra puntajes menores que entonces. A eso se suma un dato más alarmante que cualquier promedio: el 58% de los estudiantes de II medio declara temer que las pruebas sean demasiado difíciles, y cerca de la mitad de los de 4° básico dice que la ansiedad les impide concentrarse. Medimos la ansiedad, la tabulamos en un cuestionario y seguimos sin hacer nada estructural con ella.

Esa misma lógica de medir sin mirar empuja a miles de jóvenes fuera del sistema. Según el INE, 336.604 personas de 15 a 24 años no estudiaban ni trabajaban en el trimestre abril-junio de 2025: el 21,8% en el quintil de menores ingresos, frente a solo el 6% en el más rico. El discurso público los describe como amenaza, como si entre el aula y la cárcel el Estado no tuviera nada que ofrecerles. Pero estos jóvenes no son una falla del sistema: son su espejo. La misma periferia institucional que sobrecarga a la escuela con burocracia es la que, al no ofrecer trayectorias reales, termina empujándolos hacia la marginalidad.

Lo hemos visto de cerca en la inclusión escolar. Hemos perfeccionado la etapa de la presencia —matrícula y RUT provisorio para estudiantes migrantes—, pero el sistema se desentiende de la participación y de la trayectoria efectiva. Sin los recursos para sostenerla, la inclusión se transforma en un fetiche administrativo que asegura el pupitre, pero no el acompañamiento emocional que permite que un niño o una niña se queden en la escuela y aprendan en ella. Bajo la presión del mercado, quien no encaja en el molde estandarizado es visto como un riesgo para el promedio.

Frente a esto, la respuesta no puede ser una nueva capa de vigilancia, ni tampoco su reverso: devolverle a los colegios la potestad de elegir a quién educar.

Propongo restar: desmantelar burocracia y revisar los elementos curriculares e institucionales que sobreviven por inercia, para devolver tiempo protegido a la relación pedagógica. Los Servicios Locales, cuando operan como un eslabón más de la cadena de control, deberían transformarse en soporte real de las escuelas: menos fiscalización y más acompañamiento pedagógico.

Y también propongo sumar con propósito: entregar a los estudiantes herramientas para comprender el mundo y defenderse en él; educación sobre derechos laborales y economía cotidiana; un uso crítico de la inteligencia artificial; tecnología situada que ayude al docente a comprender mejor los aprendizajes en lugar de producir nuevas planillas; y una inclusión entendida como sistema de valores, no como casilla administrativa ni como mérito medido desde séptimo básico.

La justicia educativa es una forma de justicia social indisociable de la democracia. Si no logramos que la escuela sea un espacio donde los jóvenes encuentren razones para quedarse, seguiremos construyendo un país sobre cimientos frágiles.

Es hora de que la política educativa deje de mirar el aula con desconfianza —o de rendirla al mercado— y empiece a escuchar a quienes enseñan y aprenden en ella.

Ni la tómbola ni la selección: lo que está en juego es el aula.