MISMA FALTA, DISTINTO CASTIGO: LA DOBLE MEDIDA QUE NOS DIVIDE

En Chile nos gusta decir que somos gente de principios. El problema es que esos principios a veces cambian según quién esté involucrado, de qué lado venga la crítica o cuánto nos convenga defender una postura.

Lo vemos todos los días. A veces con tanta claridad que da vergüenza ajena. Pero preferimos mirar hacia otro lado hasta que alguien lo dice en voz alta y nos obliga a hacernos cargo.

Pensemos en un caso que muchos comentaron, aunque pocos se atrevieron a plantear directamente: Fernando Solabarrieta y Rafael Cavada. Dos personas, problemas parecidos y reacciones completamente distintas.

A uno se le ofrece comprensión, respeto y hasta cierta compasión. Al otro se le somete a un verdadero linchamiento público. Aparecen las descalificaciones, los juicios rápidos y el dedo acusador de quienes, poco tiempo antes, le estrechaban la mano.

¿Las faltas eran realmente tan distintas? Tal vez no. Pero en Chile la respuesta suele depender de quién sea el involucrado, de quién tenga el micrófono y  de quién nos caiga mejor.

Esa parece ser la regla: somos flexibles cuando se trata de los nuestros y estrictos cuando el problema lo tiene el otro.

En los medios ocurre. En la política, todavía más. La doble vara dejó de ser una excepción y se transformó en una práctica habitual. Exigimos transparencia a quienes no nos agradan, pero encontramos explicaciones para quienes nos representan. Si el error es del bando contrario, hablamos de corrupción. Si es de los nuestros, aparecen el contexto, las circunstancias y los matices.

La ética termina convertida en un accesorio: la usamos cuando nos favorece y la guardamos cuando empieza a incomodarnos.

Lo vimos también en las últimas elecciones, con ese 58% que optó por la ultraderecha teniendo claro - al menos en parte - lo que estaba apoyando. Muchos lo justificaron con un “sí, pero…”.

Sí, dicen cosas que antes rechazábamos, pero prometen orden.

Sí, su estilo es agresivo, pero transmite seguridad.

Sí, contradicen parte de lo que decían defender, pero alguien tiene que hacer cambios.

Ahí está la trampa. Aceptamos conductas que antes condenábamos cuando creemos que pueden ayudarnos a conseguir algo que consideramos urgente. Cambiamos valores por tranquilidad y llamamos “pragmatismo” a lo que muchas veces no es más que conveniencia.

No se trata de hacer un reproche moralista. Se trata de plantear una pregunta incómoda: ¿queremos reglas que se apliquen a todos o solo a quienes no pertenecen a nuestro grupo?

La democracia no puede sostenerse sobre criterios distintos para cada persona. No funciona si tenemos una lista de pecados para los adversarios y otra, mucho más amable, para los propios. Tampoco puede sobrevivir si perdonamos todo de un lado y nada del otro.

Al final, lo que se deteriora no es solo la reputación de un periodista, un político o un candidato. También se rompe la confianza en que las reglas sean justas para cualquiera de nosotros.

Mientras sigamos juzgando con criterios diferentes, no debería sorprendernos que cada vez menos personas crean en los medios, en los políticos o incluso en sus propios compatriotas. Lo peor es que la incoherencia termina pareciendo normal. Y cuando algo se vuelve normal, también empieza a parecernos aceptable.

¿Ese es el país que queremos? ¿Uno donde la justicia depende del rostro del acusado, de sus amistades o del grupo al que pertenece?

Si la respuesta es no, el cambio empieza por algo bastante simple: dejar de aplaudir la indulgencia cuando favorece a los nuestros y el castigo cuando alcanza a los demás.

Porque una medida solo sirve si es la misma para todos. Incluso cuando nos toca a nosotros.